California se consolida como uno de los estados con mayor compromiso hacia la protección de sus comunidades migrantes. Durante los últimos meses, el gobernador Gavin Newsom firmó una serie de leyes que fortalecen la seguridad, privacidad y acceso a servicios públicos de millones de extranjeros, especialmente aquellos que viven bajo un estatus irregular.
El gobernador Gavin Newsom promulgó el 12 de octubre de 2025 la ley SB 580, conocida como Strengthening Immigrant Protection Response Guides Act. Esta iniciativa, impulsada por la senadora demócrata María Elena Durazo, fortalece las políticas estatales para proteger a las comunidades inmigrantes frente a los operativos de control federal.
Esta medida busca garantizar que los organismos públicos de California puedan brindar servicios esenciales, como educación, salud o asistencia social, sin generar temor entre las familias migrantes.
La oficina de la senadora Durazo señaló que la ley actualiza las guías y protocolos del fiscal general del estado, de modo que todos los organismos locales cuenten con reglas claras sobre cómo actuar ante la presencia de autoridades federales de inmigración.
Además, exige que las agencias implementen auditorías, capacitaciones y criterios de protección de bases de datos para evitar el uso indebido de información sensible.
Otra norma clave aprobada en octubre de 2025 fue la SB 635, una ley que amplía las garantías de privacidad y protección legal para los vendedores ambulantes y operadores de unidades móviles de comida. El texto, convertido en ley el 7 de octubre, prohíbe expresamente que las autoridades locales entreguen información personal de los trabajadores —como nombre, dirección o número de identificación— a organismos externos o a agentes federales, sin una orden judicial o citación válida.
La norma también impide que las autoridades municipales soliciten o conserven datos vinculados con el estatus migratorio, el lugar de nacimiento o antecedentes penales de los solicitantes de licencias comerciales. Cualquier registro de este tipo que haya sido obtenido antes del 1° de enero de 2026 deberá ser destruido antes del 1° de marzo de 2026, salvo que una ley requiera su conservación.
Además, la SB 635 prohíbe que las agencias locales o contratistas privados utilicen fondos públicos para realizar investigaciones o detenciones con fines de control migratorio. En los contratos firmados o modificados a partir de 2026, las empresas deberán comprometerse por escrito a cumplir estas disposiciones, y los acuerdos podrán ser rescindidos de inmediato si se demuestra una violación.
Además de las leyes SB 580 y SB 635, California aprobó otras seis normas que amplían las protecciones legales en escuelas, hospitales y fuerzas de seguridad.
AB 49: escuelas como espacios seguros frente a la acción migratoria
La California Safe Haven Schools Act convirtió a las escuelas públicas en zonas protegidas frente a intervenciones de agentes migratorios.
SB 98: creación de alertas migratorias en escuelas y universidades
La SB 98 exige que cada institución educativa cuente con un protocolo para informar a padres y personal en caso de presencia de agentes de inmigración.
SB 627: prohibición de máscaras en las fuerzas de seguridad
A partir del 1° de julio de 2026, los oficiales no podrán cubrir su rostro durante el servicio, salvo en operaciones encubiertas o situaciones de riesgo.
AB 1261: asesoría legal gratuita para jóvenes migrantes
La ley autoriza al Departamento de Servicios Sociales a destinar fondos para garantizar defensa legal a menores en situación migratoria.
SB 805: identificación visible para agentes sin uniforme
Desde el 1° de enero de 2026, los policías sin uniforme deberán exhibir una credencial con su nombre o número de placa durante cualquier detención o control.
SB 81: protección de la privacidad médica de migrantes
Esta ley amplía la confidencialidad en hospitales y clínicas.
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