Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini no fueron los únicos funcionarios que dejaron su cargo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) cuando estalló el caso sobre las presuntas coimas en el organismo. Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que, tras la intervención dictada por el Gobierno en el organismo, fueron apartados Lorena Di Giorno y Eduardo Nelio González, actualmente investigados por la Justicia.
Di Giorno es descripta como una “exagente” de Andis mientras que González se desempeñaba en la Dirección Nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas del organismo. Las fuentes oficiales consultadas indicaron que dejaron de formar parte de la Agencia “al poco tiempo” que asumió Alejandro Vilches como interventor.
Si bien las fuentes oficiales consultadas no facilitaron documentos que reflejaran el apartamiento de los dos investigados, de acuerdo a registros comerciales, los últimos aportes patronales de Andis a ambos fueron en septiembre.
El dictamen del fiscal Franco Picardi señala que tanto Di Giorno como González tuvieron acceso al sistema SIIPFIS mediante el cual se administraron las licitaciones “acotadas”, acusadas de supuesto direccionamiento y sobreprecio. Asimismo, ambos presentan vínculos con otro de los investigados por la Justicia, Miguel Ángel Calvete.
En el caso de Di Giorno, el fiscal determinó que tuvo nexos empresariales con Calvete. “El primer registro data de abril de 2019, oportunidad en la que fueron reelegidos en la firma VERBADEI S.A. en calidad de Presidente y Directora Suplente, Miguel Ángel Calvete y Lorena Di Giorno“, escribió en su dictamen. Pero desde dentro de Andis, según el texto judicial, ”comunicaba a Miguel Ángel Calvete todas las novedades del organismo de discapacidad».
El dictamen contiene un intercambio de mensajes entre ellos. En ese sentido, el fiscal destacó uno del 4 de septiembre. “Lorena Di Giorno le envió a Miguel Ángel Calvete un archivo adjunto que contiene el oficio que Sergio Leonardo Rodríguez, Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, envió a la Andis en el marco de estas actuaciones, a fin de solicitar al organismo para que informe con carácter urgente qué normativa gestionan y/o llevan adelante las contrataciones efectuadas por esa agencia desde enero de 2023 y hasta la fecha”, señala el dictamen.
Esta era una funcionaria que tenía acceso al sistema SIIPFIS, con el que se llevaron adelante las licitaciones sospechosas. Sin embargo, su usuario también lo “habría utilizado Federico Santich”. Este último es identificado por el fiscal como “gerente y accionista” de la empresa Profusión S.R.L., que a su vez, según el texto judicial, “tiene casi el 50% de las acciones de Profarma”. Esta última es una de las cuatro droguerías que habrían sido beneficiadas con el esquema de licitaciones “acotadas” que están en el foco de la acusación.
Asimismo, otro elemento que resaltó el fiscal sobre Di Giorno es una factura que emitida “por ella a la firma Indecomm S.R.L. por cinco millones trescientos mil pesos ($5.300.000) en concepto de honorarios por servicios profesionales realizados, en el mes de junio de 2025, cuando trabajaba en la Andis”. De acuerdo con el dictamen, “se corroboró que Miguel Ángel Calvete era Socio Gerente de INDECOMM S.R.L., además de accionista mayoritario”.
Por su parte, Eduardo Nelio González se desempeñaba en la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de Andis desde junio de 2025. Pese a eso, “mantenía conversaciones con distintos funcionarios y el propio Daniel María Garbellini le solicitaba al personal que se encontraba a su cargo que algunas cosas las hablaran con “Pino” incluso antes de su designación formal en Andis». Según el fiscal, “Pino” era uno de sus apodos.
Además, González habría estado vinculado a Calvete a través de empresas. Tal cual afirma el dictamen, hace casi 20 años ambos “conformaron, junto a otras personas, la sociedad Proveedora Integral de Supermercados Chinos S.R.L”.
Según Picardi, González era un “pivote entre el mundo de las contrataciones Pacbi de la Andis y las firmas beneficiadas”. En su escrito, afirmó que también contaba con acceso al sistema informático que administraba las licitaciones.
Dichas compulsas fueron catalogadas como “acotadas” porque, según el fiscal estaban “caracterizadas por la invitación a pocos oferentes”. Por ese motivo, las diferenció a este tipo de compulsas de las denominadas “generales”.
Mediante ese esquema, se habrían direccionado las contrataciones a cuatro droguerías, de acuerdo con la acusación. Se trata de las droguerías Génesis, Profarma, New Farma y Floresta. Según un pedido de acceso a la información que Andis respondió a LA NACION, el organismo firmó órdenes de pago por $48.631 millones entre diciembre de 2023 y el 14 de octubre de este año.
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