Luego de que el Gobierno estableciera el marco regulatorio de la implementación del Sistema Nacional de Identificación Electrónica de Animales, que será obligatorio para todo el rodeo bovino, bubalino y cérvido del país a partir del 1° de enero próximo, el campo reaccionó con opiniones encontradas. Si bien en el sector reconocieron la importancia de modernizar la identificación del rodeo, algunos dirigentes plantearon que el proceso debería haberse aplicado de manera voluntaria y con plazos diferenciados según las realidades productivas de cada región. El nuevo sistema dejará atrás la trazabilidad manual.
La medida fue formalizada a través de la resolución 841/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), publicada en el Boletín Oficial. Allí se estableció que será obligatorio para todo el rodeo bovino, bubalino y cérvido del país a partir de 2026.
Según el texto oficial, el esquema se basará en un “binomio compuesto por una tarjeta visual y un dispositivo electrónico”, que podrá ser un botón de radiofrecuencia (RFID), un bolo ruminal o un microchip inyectable. El objetivo es garantizar la trazabilidad individual de cada animal desde el nacimiento hasta la faena.
Entre los primeros en referirse al tema estuvo Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), quien recordó que la discusión sobre la obligatoriedad no es nueva dentro de la entidad. “Desde un principio el tema fue vidrioso y en su momento trajo discusiones fuertes en nuestra entidad, pero ya está”, sostuvo a LA NACION. “Quiero recalcar que el sistema que se va a poner en marcha el año que viene es bueno, pero seguimos pensando que lo ideal hubiera sido hacerlo voluntario, pero ya se tomó esa decisión y listo”, agregó.
El dirigente aclaró que CRA no se opone al sistema en sí, sino a la falta de flexibilidad en su aplicación. “Siempre hago aclaraciones: el sistema es muy bueno, el mundo lo está implementando y es lo que se viene. No estamos contra el sistema, pero sí, en su momento, habíamos planteado otra mirada: de no hacerlo obligatorio, sino que se haga en forma voluntaria o poner un plazo para, por ejemplo, productores del norte del país, en campos de monte o pequeños ganaderos que tienen menos de 20 vacas, que les es más complicado llevarlo adelante”, afirmó.
En esa línea, Carlos Roldán, presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), dijo que los productores de la provincia “nunca se opusieron a la trazabilidad individual, pero sí a la obligatoriedad”.
“Entendemos que esto tiene que ser secuencial y debe ser una decisión de empresa. Quien quiera acceder a mercados diferenciales a precios diferenciales, que haga la trazabilidad individual, pero quien no tenga ganas de ese mercado o crea que su estructura no se lo permite, tenga la posibilidad de elegir el tipo de trazabilidad para su campo. De entrada nos opusimos porque el pequeño productor no está en condiciones. No vemos un valor diferencial hoy entre la carne que nosotros exportamos”, agregó.
En ese sentido, dijo que aun no teniendo la trazabilidad que establece el Gobierno para 2026, “se aumenta el cupo, por ejemplo, de la exportación de carne vacuna a Estados Unidos, es decir que lo mismo se accede a un mercado de elite y de excelentes precios”.
“Ahora lo que sí reclamamos que, teniendo en cuenta que esto avanzó y salió, la trazabilidad individual obligatoria a partir del 1 de enero del 2026, que los frigoríficos hagan la inversión necesaria para que de verdad la trazabilidad llegue no solamente a los mercados de exportación, sino al mercado interno y el argentino también conozca qué es lo que está comiendo», enfatizó.
Por ultimo, Roldán le hizo un pedido directo al Gobierno: “Pedimos una disminución en las retenciones del novillo producido en los campos marginales de Corrientes, Chaco, Formosa y Salta, que estamos sumamente lejos del puerto y de los frigoríficos para que al menos esta trazabilidad nos acompañe y nos sirva para conseguir una baja de retenciones”.
En otro orden, Castagnani remarcó que “el tema es solo la voluntariedad y que haya un plazo mucho más alargado para los campos difíciles”. Explicó: “Hay realidades de los productores muy distintas en toda la Argentina”.
Pidió que el sistema tenga una continuidad real en toda la cadena cárnica. “Otra cosa que solicitábamos era que esta implementación no muera en el frigorífico; que este sistema, que está pensado más que nada en la trazabilidad, llegue a las góndolas”, sostuvo.
En contraposición, el médico veterinario y expresidente del Senasa, Bernardo Cané, celebró la decisión y la calificó como un avance histórico para la ganadería argentina. “Me parece trascendente que se haga obligatoria la identificación individual electrónica. Es un antes y un después. Un camino de ida. La Argentina atrasaba 25 años en esta norma”, afirmó.
Cané explicó que el sistema no solo tiene un fin comercial, sino también sanitario y de gestión. “Por temas de propiedad, de sanidad, de manejo y por trazabilidad industrial es indispensable. Lo que requiere es un buen manejo desde el punto de vista sanitario, de gestión productiva y gestión comercial”, detalló.
En ese sentido, la resolución del Senasa subrayó que el nuevo sistema permitirá “optimizar los procesos de control y fiscalización”, además de favorecer el acceso a mercados internacionales que exigen estándares más exigentes en materia de identificación animal. Uruguay, país vecino y competidor directo en exportaciones de carne, ya cuenta con un sistema similar desde hace años.
Cané recordó ese ejemplo: “Uruguay exporta a Japón, a Corea, teniendo el mismo estatus sanitario que la Argentina, y hasta corderos con hueso por esta razón. No le encuentro observación alguna”, expresó. “En todo caso, en la primera etapa, tener una identificación, y a partir de ahí, cada establecimiento puede incorporar aplicaciones que ya existen en el mercado para hacer control de peso, movimiento o manejos sanitarios”.
El especialista subrayó que más de cuatro millones de animales en el país [casi un 10% del stock bovino] ya se manejan bajo sistemas voluntarios de identificación electrónica, y que los resultados son positivos. “Quienes usamos esto, ninguno lo objeta ni lo rechaza, solamente lo recomiendan”, señaló.
Según la resolución, la implementación se realizará de forma progresiva, con plazos y mecanismos de seguimiento que el Senasa definirá en reglamentaciones complementarias. También se prevé la capacitación de productores y técnicos rurales para garantizar una aplicación efectiva.
En este contexto, durante su paso por la Expo Rural de El Zapallar, en Chaco, Castagnani reiteró su predisposición al diálogo. “El campo está dispuesto a seguir contribuyendo al desarrollo, pero necesita reglas claras, previsibles y un marco que premie el esfuerzo y la inversión”, expresó. Y concluyó: “Estamos convencidos de que la unidad y el esfuerzo compartido son la base del progreso nacional”.
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