Un condado de Long Island habilitó a los miembros de sus fuerzas seguridad a cubrirse el rostro durante operativos migratorios y otras acciones policiales, pese a que previamente se había prohibido el uso de máscaras en la mayoría de los espacios públicos para residentes. Lejos de tratarse de una medida aislada, el distrito de Nassau, bajo liderazgo republicano, ya fue demandado por desafiar las políticas santuario de la gobernadora Kathy Hochul y firmar un acuerdo de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau, firmó el viernes pasado una orden que modifica la ley local sobre el uso de máscaras en público. Este cambio permite a oficiales federales, estatales y locales, usar coberturas faciales cuando sea “necesario para proteger su seguridad personal, la de sus familias o la integridad de la operación”.
Según The New York Times, Blakeman, republicano y aliado cercano de Donald Trump, explicó en conferencia de prensa que la medida no se limita a operativos migratorios, aunque reconoció que protegerá especialmente a agentes que colaboren con el ICE en detenciones de extranjeros.
El uso de máscaras por parte de oficiales en operativos migratorios genera controversia no solo en Nueva York, sino en todo Estados Unidos. Mike German, exagente del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y miembro del Brennan Center for Justice, aseguró que esta práctica “es una característica de un estado policial” y que provoca reacciones negativas en la población.
Según German, “si la comunidad no sabe quiénes son esas personas enmascaradas que usan la fuerza contra vecinos que conocen, obviamente habrá una reacción de resistencia a ese tipo de fuerza”.
De acuerdo al especialista, el hecho de que las mascarillas provoquen temor y resistencia pública “debería ser una señal para los funcionarios realmente preocupados por la seguridad y la de los agentes de que esto no ayuda, sino que es una provocación”.
El verano pasado, el condado de Nassau había prohibido el uso de mascarillas en la mayoría de los espacios públicos, salvo por motivos médicos o religiosos. La norma surgió como respuesta al uso de coberturas faciales durante protestas relacionadas con la guerra en Gaza.
En aquel momento, Blakeman argumentó que las máscaras “a menudo se utiliza como excusa para comportamientos de acoso, amenazas o actividades delictivas”. Nassau se convirtió en el primer condado del país en implementar esa restricción desde la pandemia de Covid-19.
En febrero pasado, el Departamento de Policía de Nassau formalizó una alianza con el ICE para participar en arrestos migratorios, bajo los lineamientos de la administración de Donald Trump. En específico, se unió al programa 287 (g), que permite permitirá a los oficiales detener a extranjeros ilegales sin necesidad de una orden judicial
Patrick Ryder, comisionado de policía, aseguró que el uso de mascarillas se limitará a investigaciones específicas de inmigración y narcóticos. De todas maneras, aclaró que los agentes deberán seguir identificándose, en cumplimiento de las leyes estatales, con nombre, rango y número de placa.
La Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU, por sus siglas en inglés) presentó en junio pasado una demanda contra Nassau y su Policía. Según la organización, la colaboración con el ICE viola leyes estatales y promueve la discriminación racial.
En el mismo sentido, legisladores demócratas de Nueva York, California e Illinois intentan impulsar leyes para prohibir que agentes federales, como los del ICE, usen máscaras durante sus operaciones.
En Nueva York, la propuesta, conocida como Ley para el Fin de las Tácticas Ilegales (MELT, por sus siglas en inglés), es una reacción a los recientes operativos migratorios realizados en diferentes estados por personal federal con el rostro cubierto, chalecos antibalas y uniformes tácticos.
Por otro lado, tanto en California como en Illinois, sus proyectos llevan el nombre de No Secret Police Act of 2025, que busca frenar lo que defensores de derechos civiles describieron como operativos encubiertos, intimidatorios y violatorios de los derechos básicos por parte de agentes federales de inmigración.
-
-
-
-
-
