Para agosto de 2025, los estados de California y Texas profundizaron sus diferencias políticas respecto a la inmigración, a tal punto que se trazan líneas divisorias cada vez más marcadas en el mapa legal de Estados Unidos. Mientras el primero refuerza su modelo inclusivo, el segundo endurece su postura con nuevas normas que buscan restringir la entrada y permanencia de inmigrantes en su territorio.
En contraposición a las políticas federales que promovieron restricciones más severas contra la inmigración ilegal, el estado de California consolidó durante 2025 un marco legal que protege y amplía los derechos de las comunidades migrantes.
El gobernador Gavin Newsom reafirmó su compromiso de vetar cualquier propuesta legislativa que atente contra los inmigrantes, al defender una política que prioriza la integración y los derechos humanos.
Por fuera de lo estrictamente legal, Newsom abrió un frente propio de disputa contra el presidente Donald Trump debido a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles.
Según el informe California Blueprint: Two Decades of Pro-Immigrant Transformation (Plan de California: Dos décadas de transformación a favor de los inmigrantes) del Centro de Políticas de Inmigración de California, la evolución normativa fue consistente desde 1996, y logró crear uno de los entornos legales más favorables para los inmigrantes en todo el país norteamericano.
Entre las leyes actualmente vigentes en California se destacan:
Mientras California avanza en la defensa de derechos, Texas optó por un camino opuesto, con medidas que buscan ampliar el poder del estado para controlar, detener y deportar a inmigrantes, aun cuando este tipo de acciones fueron históricamente competencia exclusiva del gobierno federal. El gobernador Greg Abbott fue uno de los principales impulsores de estas iniciativas, muchas de las cuales generaron controversia y enfrentaron desafíos judiciales.
Uno de los puntos de inflexión fue la ley SB4, firmada por Abbott en diciembre de 2023, pero actualmente bloqueada por la Corte de Apelaciones del 5º Circuito. Esta norma pretendía criminalizar el ingreso o reingreso ilegal al estado desde el extranjero, al otorgar a las autoridades estatales facultades para detener e incluso deportar personas sin intervención federal.
La jueza Priscilla Richman, designada por el expresidente George W. Bush, argumentó que esta ley invadía competencias federales, al recordar que “durante casi 150 años, la Corte Suprema sostuvo que el poder de controlar la inmigración es exclusivamente un poder federal”, según citó The Texas Tribune. Además, advirtió que permitir al Estado de la Estrella Solitaria ejecutar deportaciones sin intervención nacional sería un precedente sin igual en la historia reciente.
Pese al revés judicial que sufrió la SB4, el gobernador Abbott logró promulgar en julio de 2025 una nueva norma migratoria: la ley SB8, que amplía el poder de los condados para colaborar directamente con el ICE.
Esta disposición entrará en vigencia el 1° de enero de 2026 y obliga a los 254 condados del estado a buscar y firmar acuerdos conocidos como 287(g) con el ICE. Esto implica para los sheriffs texanos:
Durante la ceremonia de firma de esta legislación, celebrada en Fort Worth, Abbott estuvo acompañado por Tom Homan, exdirector del ICE y actual referente de las políticas fronterizas de Donald Trump. En su discurso, el gobernador expresó que esta legislación “busca que nuestro estado sea más seguro” y destacó el rol clave que cumplirán los sheriffs en la protección de las fronteras y la seguridad interna.
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