El Gobierno nacional oficializó un nuevo y estricto esquema de exigencias para la contratación y modificación de cargos en la administración pública. La decisión administrativa 1/2026 establece los lineamientos del Presupuesto 2026 y endurece los requisitos para el ingreso y reasignación de empleados estatales.
Firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Andres Caputo, la normativa busca mayor eficiencia y control del gasto público.
La reglamentación centraliza en la Presidencia la aprobación de la incorporación, homologación, reasignación o derogación de cargos del Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) y otros convenios sectoriales, junto a las estructuras organizativas de cada jurisdicción.
Para esto, los expedientes requieren la intervención previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y de la Secretaría de Hacienda.
Las jurisdicciones deben presentar fundamentación detallada y análisis de costo y financiamiento presupuestario. Este proceso asegura que toda alteración en la planta estatal esté justificada y cuente con respaldo económico antes de la validación presidencial.
En cuanto a la cobertura de vacantes, el artículo 3º de la decisión administrativa es contundente: las jurisdicciones y entidades de la administración nacional, para cubrir cargos vacantes, deberán certificar su existencia y su correspondiente financiamiento. Este requisito es fundamental para garantizar que cada puesto tenga sustento presupuestario claro y no genere desequilibrios en las cuentas públicas, limitando la discrecionalidad en nuevas contrataciones.
La decisión administrativa también refuerza la fiscalización sobre la información del personal. El artículo 2º, por ejemplo, obliga a las jurisdicciones a remitir trimestralmente a la Secretaría de Hacienda un informe detallado sobre la evolución de sus plantas y contrataciones de cualquier naturaleza, modalidad y fuente de financiamiento. Esta disposición busca mayor transparencia y control exhaustivo sobre la dotación administrativa.
Además, el Gobierno impulsa mayor rendición de cuentas sobre la ejecución de programas y obras públicas. Los artículos 15 y 16 exigen la presentación obligatoria a la Oficina Nacional de Presupuesto de la programación anual y trimestral de mediciones físicas de programas y avances de obras, además de informes mensuales.
El incumplimiento reiterado e injustificado faculta a la Secretaría de Hacienda a no dar curso a las órdenes de pago de las jurisdicciones, ejerciendo presión adicional para la eficiencia en la gestión.
Finalmente, la normativa dispone que los remanentes de recursos del ejercicio 2025 de las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo, salvo contadas excepciones legales, deberán ingresarse a la Tesorería General de la Nación hasta el 30 de octubre de 2026.
Estas disposiciones, en conjunto, se enfocan en una política de austeridad y control estricto sobre los recursos humanos y económicos del Estado, que va en línea con los objetivos establecidos en el Presupuesto General 2026.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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