Los “comedores fantasmas” pertenecen a organizaciones sociales y piqueteras como el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha, Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita y Barrios de Pie.
Representan el 47,5% de los 3.385 establecimientos que se relevaron entre el 7 de febrero y el 17 de mayo. “El gobierno anterior no controló a los matriculados en los programas de ‘Argentina contra el Hambre’”, sostienen desde la cartera a cargo de Sandra Pettovello.
El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, presentó pruebas ante la Justicia de que 1,607 comedores y merenderos que supuestamente operaban bajo el programa “Argentina contra el Hambre” no existen. Estos establecimientos representan el 47.5% de los 3,385 relevados entre el 7 de febrero y el 17 de mayo de 2024.
La denuncia apunta a que estos lugares no funcionaban, nunca existieron, o proporcionaron direcciones falsas, y que el gobierno anterior no realizó los controles adecuados.
El fiscal Ramiro González está investigando si los responsables de estos comedores seguían recibiendo alimentos o dinero a través del programa Alimentar Comunidad, a pesar de no estar operativos. También se investiga a los funcionarios que debían controlar estos establecimientos. Los datos relevados incluyen:
- Número total de comedores relevados: 3,385
- Comedores «fantasmas»: 1,607 (47.5%)
- Comedores certificados: 1,766 (52.2%)
- Comedores a reauditar: 12 (0.4%)
Estos comedores y merenderos asistían a 240,370 personas, con un promedio de 163 beneficiarios por local.
Las pruebas incluyen observaciones en las direcciones visitadas por los funcionarios donde no funcionaba ningún comedor o merendero.
El Ministerio de Capital Humano retiró la tercerización de la distribución de alimentos secos a las organizaciones sociales y piqueteras. Ahora, los comedores validados reciben una tarjeta a través del programa Alimentar Comunidad, que se carga con dinero después de cada compra realizada.
Además, se firmaron convenios por 20,000 millones de pesos para la compra de 5 millones de unidades de alimentos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
La Justicia busca determinar la identidad y participación de los funcionarios responsables de controlar los comedores matriculados. Se investigan delitos de «defraudación contra la administración pública» e «incumplimiento de deberes de funcionario público». Los ministros responsables durante la gestión Fernández fueron Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz, y la Secretaria de Inclusión Social era Laura Valeria Alonso.
Leila Gianni, subsecretaria legal de Capital Humana, afirmó ante la Fiscalía que el gobierno anterior no controló adecuadamente los comedores y merenderos matriculados. También expresó que podría tratarse de un «plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino», afectando derechos humanos como la alimentación, la libertad, la dignidad y el trabajo de los sectores más vulnerables.
La documentación presentada incluye ejemplos de direcciones falsas y duplicaciones, como un supuesto comedor que en realidad era una cancha de fútbol, o un comedor que dejó de funcionar hace seis meses al dejar de recibir mercadería.
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