Este jueves por la mañana, desde las 8:30 hs, se llevó a cabo en la Escuela N°53 “Ramón F. García” el conversatorio titulado “Marco Legal de la Responsabilidad Directiva en la Protección de Menores”, una iniciativa conjunta entre la Dirección de la Familia, la Mujer y el Niño y el DISEPA, con el respaldo del Ministerio de Educación de la provincia.
La actividad estuvo dirigida principalmente a directivos de instituciones educativas de la localidad, con el objetivo de brindar herramientas teóricas y prácticas para abordar situaciones de vulnerabilidad que afecten a niños, niñas y adolescentes en el entorno escolar.
Antes del inicio del conversatorio, los doctores Carmen Oviedo Lubary y Joaquín Romero Alves, disertantes del evento, dialogaron sobre la importancia de generar estos espacios. “Queremos abrir las puertas a la comunidad educativa y trabajar en conjunto con docentes y directivos. Esta charla surge para comenzar a unificar criterios sobre las normativas vigentes y los protocolos de actuación”, explicó la doctora Oviedo.
Por su parte, el doctor Romero Alves destacó que el encuentro también busca acercar la justicia a la comunidad: “Es esencial que los docentes conozcan las vías adecuadas para actuar ante casos de maltrato o violencia. Muchas veces se judicializan situaciones por falta de información, o se recurre a organismos equivocados, lo que genera frustración e incertidumbre”.
Ambos especialistas coincidieron en que los docentes cumplen un rol fundamental en la detección temprana de situaciones de riesgo, debido al contacto diario y cercano con los alumnos. “El maestro muchas veces es la persona en quien el niño confía para contar lo que le ocurre. Por eso es clave que sepan cómo actuar y a qué organismos recurrir”, señaló Romero Alves.
También se hizo hincapié en que las comunicaciones a la justicia pueden realizarse de manera anónima y sin necesidad de aportar pruebas formales, aunque se solicita un informe mínimo que permita iniciar acciones preventivas adecuadas. “El objetivo es proteger al menor y evitar demoras que puedan agravar su situación”, remarcaron.
El conversatorio forma parte de una política más amplia de apertura institucional y articulación entre el sistema judicial, los organismos educativos y la comunidad, con el propósito de construir una red de contención eficaz y accesible para la protección integral de la infancia y adolescencia.
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