CARACAS.– Estados Unidos culpó ayer al gobierno de Nicolás Maduro por la muerte en prisión del exgobernador disidente Alfredo Díaz, mortal incidente que la oposición venezolana y organizaciones internacionales de derechos humanos consideran una consecuencia directa de las extremas condiciones de detención bajo custodia estatal.
“La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro en El Helicoide, es una prueba más de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro”, publicó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos en su cuenta de la red social X.
La declaración se produce en un momento de creciente tensión por las posibles acciones de Washington contra Caracas tras su despliegue militar en el Caribe, aparentemente para combatir el narcotráfico, pero que el chavismo gobernante considera una “amenaza” para provocar un cambio de régimen.
El ministerio de Servicios Penitenciarios de Venezuela informó que el exgobernador del estado de Nueva Esparta falleció de un infarto, según informaron el sábado varias ONG y partidos políticos.
Venezuela reconoció ayer la muerte de Díaz, un dirigente opositor encarcelado desde hace un año.
Alfredo Díaz había sido arrestado en el punto álgido de la crisis poselectoral desatada tras las controvertidas elecciones de julio de 2024 en las que Maduro fue proclamado para un tercer mandato. La oposición denuncia fraude y reivindica el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia, en el exilio.
El ministerio para el Servicio Penitenciario informó el fallecimiento del opositor de 56 años, señalado por “terrorismo” e “instigación al odio”.
“Estaba siendo procesado, con plena garantía de sus derechos, de acuerdo al ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica”, aseguró en un comunicado.
“El día sábado 6 diciembre de 2025, aproximadamente a las 6.33 horas, el ciudadano Alfredo Javier Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio (…) fue trasladado al Hospital Clínico Universitario; donde ingresó y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después”, agregó el texto.
Díaz, quien fue gobernador del estado Nueva Esparta entre 2017 y 2021, es el sexto miembro de la oposición en morir en prisión desde noviembre de 2024.
La reacción de Washington ocurre cuando una flotilla estadounidense, que incluye al portaviones más grande del mundo, ejecuta operaciones antinarcóticos en el Caribe.
Caracas afirma que las maniobras emprendidas por la administración de Trump buscan derrocar a Maduro.
La dirigente opositora María Corina Machado, en la clandestinidad desde hace más de un año y recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, dijo que la muerte de Díaz “se suma a una alarmante y dolorosa cadena de fallecimientos de presos políticos detenidos en el contexto de la represión poselectoral del 28 de julio”.
“Las circunstancias de estas muertes –que incluyen la negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes– revelan un patrón sostenido de represión estatal”, enfatizó Machado en una declaración conjunta con González Urrutia.
Díaz se encontraba detenido en la sede del servicio de inteligencia nacional (Sebin), un lugar descrito como un “centro de tortura” por la oposición venezolana y activistas de derechos humanos.
El abogado Gonzalo Himiob de la ONG Foro Penal, declaró que Díaz “había sido acusado, pero su juicio estaba paralizado”. “Nosotros fuimos designados por su familia como sus representantes legales, pero el gobierno le impuso un defensor público”.
Díaz “llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija”, indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal dedicada a defender a detenidos por razones políticas.
Desde 2014 han muerto 17 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano, dijo Romero. “La represión básicamente se ha convertido en un mecanismo o una estrategia del régimen para intimidar”, agregó.
Según el recuento más reciente de Foro Penal, en Venezuela hay al menos 887 presos políticos.
En este contexto, ayer continuaron los desembarcos de tropas estadounidenses en Puerto Rico, parte del despliegue más intenso que Estados Unidos ha realizado en el Caribe en más de tres décadas.
Según informaron medios locales, este fin de semana personal militar y equipo fueron trasladados desde un buque de guerra estadounidense a instalaciones logísticas cerca del puerto de Ponce, en preparación para su posterior traslado al Campamento Santiago, epicentro de los ejercicios programados para los próximos días.
Esta operación forma parte del despliegue anunciado por Washington en agosto, que se ha ampliado en los últimos meses como parte de la estrategia para ejercer presión sobre Venezuela y combatir las redes de narcotráfico en la región.
Según datos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, la operación involucra al portaaviones USS Gerald R. Ford, seis destructores, tres buques de asalto anfibio, un crucero de misiles guiados, un submarino nuclear y un despliegue aéreo que incluye aviones de patrulla marítima P–8A Poseidon, bombarderos B–52H Stratofortress, drones MQ–9 Reaper y helicópteros, así como unidades de fuerzas especiales. El contingente total supera los 7000 efectivos desplegados en diversos puntos del Caribe.
Agencias Reuters, AFP y AP
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