LIMA. – El Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte, en el marco de una severa crisis de inseguridad que atraviesa el país, tras una sesión convocada por bloque políticos de todos los espectros. Una hora antes, una amplía mayoría de legisladores había votado para iniciar un debate sobre su destitución por motivos de “incapacidad moral” para gobernar, y la habían convocado a defenderse poco antes al Congreso esa misma noche. La mandataria no se presentó y los parlamentarios procedieron a la votación.
Boluarte fue removida del cargo que ejercía desde diciembre de 2022 con 118 votos de los 122 parlamentarios presentes en la sesión. “En consecuencia ha sido aprobada la vacancia de la presidenta de la república”, anunció el jefe del Congreso, José Jerí, en la maratónica sesión.
Según la ley, el que debe asumir la presidencia es el presidente del Parlamento, Jerí, del partido Somos Perú. Sin embargo, los legisladores también tienen la opción de elegir a otro congresista y, para eso, el jefe del Congreso tendría que renunciar al cargo y el parlamentario elegido para ser mandatario asumiría la presidencia del Congreso y luego la presidencia del país.
La mayoría parlamentaria había aprobado las cuatro mociones de vacancia presentadas contra la mandataria de 63 años, alegando la “permanente incapacidad moral” para ejercer el cargo. Los cuatro pedidos lograron más de 56 votos, con lo cual fueron admitidos para que se debata posteriormente la vacancia presidencial, lo que implica que la presidenta pueda ir a defenderse en un juicio político en un plazo de entre tres y diez días. Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular, los principales grupos políticos legislativos que protegieron a Boluarte desde el inicio de su mandato en diciembre de 2022, anunciaron durante la jornada que cambiaron su posición y apoyarían los pedidos para destituir a la mandataria.
Más temprano la mandataria había indicado en una actividad pública en el palacio presidencial que culminaría su gestión el 28 de julio de 2026. A su vez, las elecciones estaban programadas para el 12 de abril de 2026 donde también se elegirán 130 diputados y 60 senadores.
Desde el inicio de su mandato se habían presentado ocho pedidos legislativos de vacancia contra Boluarte, pero ninguno había prosperado debido a la protección que la mandataria tenía de los principales grupos.
Por su parte, el gabinete ministerial, encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, acudió al Congreso con el fin de informar sobre las medidas para enfrentar la creciente criminalidad. “La preocupación no se resuelve atendiendo una petición de vacancia y menos aprobándola. No nos aferramos al cargo, aquí estamos y sabíamos desde un inicio que el primer día que estuvimos también podía ser el último día de nuestra gestión y hoy con hidalguía podemos decir que hemos trabajado bajo el liderazgo de la presidenta Dina Boluarte”, señaló.
Tras la presentación de los ministros, el Congreso levantó la sesión por un momento y tenía previsto reanudarla esta misma noche para abordar las mociones de vacancia presidencial.
La crisis política estalló nuevamente durante la jornada luego que, en la noche del miércoles, se produjera un ataque armado en contra uno de los más populares grupos de cumbia en Perú llamado Agua Marina, el cual dejó cinco heridos de bala. El ataque fue considerado una muestra más del alza incontenible de la criminalidad -en especial de los asesinatos y extorsiones- que el gobierno de Boluarte no pudo detener.
Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre de 2022 tras suceder al entonces mandatario Pedro Castillo (2021-2022), de quien era vicepresidenta. Ese día, el entonces presidente intentó disolver el Parlamento, pero el Poder Legislativo contraatacó y lo removió del cargo por “incapacidad moral”. Ahora está detenido de forma provisional mientras es juzgado por presunta rebelión e investigado por rebelión.
Los primeros tres meses de su gestión se produjeron más de 500 protestas que exigían su renuncia, según datos oficiales. Boluarte prometió de forma pública en 2021 renunciar si Castillo era destituido. Pero, una vez que fue removido, la presidenta no dimitió, lo que fue calificado como una traición.
Las manifestaciones, sobre todo en los Andes del sur, dejaron 50 civiles muertos casi todos por heridas de bala, incluidos ocho menores de edad. Según informes de organismos internacionales como Naciones Unidas, la policía reprimió las manifestaciones con un uso excesivo de la fuerza.
Con información de Reuters, AFP y AP.
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