El abogado querellante Dr. Cristian Esquenón confirmó a Actualidad Esquina que la imputada reconoció los hechos y ahora el Tribunal de Juicio de la ciudad de Goya deberá definir la pena.
Entrevista exclusiva al abogado querellante Dr. Cristian Esquenón
En la ciudad de Esquina se llevó adelante la audiencia de homologación de un juicio abreviado parcial en una causa penal de alta repercusión judicial, vinculada a presuntos delitos de estafa y falsificación de documentación pública.
El abogado querellante Cristian Esquenón brindó detalles sobre el avance del proceso judicial, señalando que la imputada es la abogada Marina Soledad Arce, quien reconoció los hechos atribuidos durante la audiencia realizada ante el juez de garantías.
Audiencia de juicio abreviado parcial
Según explicó Esquenón, la audiencia tuvo una duración cercana a las dos horas y permitió unificar cuatro legajos de investigación fiscal, resultado de un año de trabajo investigativo encabezado por la Unidad Fiscal a cargo del fiscal Javier Mosquera.
El juicio abreviado implica que la persona imputada reconoce la responsabilidad penal y la calificación jurídica de los hechos, quedando pendiente únicamente la determinación de la pena.
“La determinación de la pena va a quedar supeditada al Tribunal de Juicio de la ciudad de Goya, donde un juez unipersonal será sorteado para fijar la condena”, explicó el letrado.
El proceso continuará entonces en Goya, donde se realizará la audiencia correspondiente exclusivamente para establecer el monto de la pena.
Calificación jurídica de los hechos
De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la imputada quedó penalmente responsable bajo diversas figuras previstas en el Código Penal Argentino:
- Estafa en modalidad de delito continuado (Art. 172).
- Falsificación de instrumento público (Art. 292).
- Uso de instrumento público falso (Art. 296).
- Retención indebida (Art. 173 inc. 2).
- Todo ello en modalidad del delito continuado, en calidad de autora material, conforme a los artículos 45, 54 y 55 del Código Penal.
El acuerdo homologado reconoce la existencia de maniobras reiteradas vinculadas a la utilización de documentación falsa y perjuicios económicos a particulares damnificados.
Origen de la causa
El abogado querellante relató que la investigación comenzó tras una denuncia impulsada desde su estudio jurídico luego de detectar presuntas irregularidades profesionales.
Según indicó, la acusada habría falsificado resoluciones judiciales, confeccionado documentación apócrifa y se habría hecho pasar por escribana pública, utilizando sellos y protocolos inexistentes o pertenecientes a terceros profesionales.
“Las personas confiaban en su profesional, recibían documentación que parecía válida y recién advertían la falsedad años después, cuando intentaban vender o regularizar los bienes”, explicó.
El perjuicio económico surgía tanto de honorarios abonados por trámites inexistentes como de títulos de propiedad sin validez legal.
Investigación fiscal y pruebas
Esquenón destacó especialmente el trabajo de la Fiscalía, señalando que durante un año se reunieron pruebas documentales, informes periciales informáticos, pericias documentológicas, testimonios y allanamientos que permitieron sostener la acusación.
El abogado remarcó que muchas denuncias no prosperaron por prescripción penal, ya que en numerosos casos habían transcurrido más de seis años desde los hechos, plazo máximo previsto para el delito de estafa.
Asimismo, indicó que muchas víctimas demoraron en denunciar por vergüenza, miedo o desconocimiento.
Situación procesal
Actualmente, la imputada permanece detenida bajo medida de prisión preventiva, aplicada —según explicó el querellante— por reiterancia delictiva conforme a modificaciones recientes del Código Procesal Penal.
“La responsabilidad penal ya quedó determinada. Lo único que resta ahora es que el tribunal fije la pena”, afirmó.
Desde la querella anticiparon que solicitarán además la inhabilitación absoluta para el ejercicio profesional, prevista como pena accesoria.
Reflexión final del querellante
Durante la entrevista, el Dr. Esquenón manifestó que el proceso no responde a una cuestión personal sino a una obligación ética profesional.
“No hubo un error; hubo dolo y mala fe. Los abogados tenemos una responsabilidad enorme porque las personas confían en nosotros para proteger sus derechos”, sostuvo.
También remarcó el impacto emocional que generan este tipo de delitos en las víctimas, quienes no sólo sufren pérdidas económicas sino también una profunda afectación personal al descubrir que la documentación recibida carecía de validez legal.
El caso continuará ahora en instancia de juicio en Goya, donde se conocerá finalmente la pena que deberá cumplir la acusada tras el reconocimiento formal de los delitos.
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