Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump endureció las políticas migratorias de Estados Unidos. En este contexto, sus principales ofensivas se han dirigido contra las denominadas “ciudades santuario”, jurisdicciones que se niegan a colaborar con las autoridades federales en la persecución de extranjeros indocumentados, salvo en casos excepcionales.
El 28 de abril, la Casa Blanca anunció la firma de una orden ejecutiva que reactivó la ofensiva contra las jurisdicciones santuario que, según el comunicado oficial, “obstruyen la aplicación de las leyes migratorias federales”. El texto instruyó al fiscal general y al secretario de Seguridad Nacional a elaborar un listado de estados y ciudades que se nieguen a cooperar con el gobierno y a notificarles su “incumplimiento”. Las autoridades locales tendrían un margen breve para corregir la situación antes de enfrentar la suspensión de fondos federales.
El documento oficial precisó que la medida también buscaba impedir que personas sin estatus legal accedan a beneficios públicos o a programas de ayuda, entre los que se incluían becas universitarias o reducciones de condenas penales.
El avance de los operativos migratorios provocó una reacción en varios estados y municipios gobernados por demócratas. En Chicago, el alcalde Brandon Johnson firmó una orden ejecutiva que prohíbe expresamente el uso de propiedades municipales por parte de agentes federales para ejecutar acciones migratorias.
Por su parte, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, acusó al presidente de utilizar la migración como excusa para militarizar las ciudades. “Trump busca justificar y normalizar la presencia de soldados bajo su mando directo”, advirtió, en declaraciones recogidas por The New York Times.
En paralelo, el mandatario federal ordenó reforzar el envío de soldados de la Guardia Nacional de Texas a varias jurisdicciones, pese a la oposición de alcaldes y gobernadores. En California, la presencia temporal de tropas fue extendida hasta enero de 2026.
Este choque de poderes reavivó un debate constitucional sobre los límites de la autoridad federal. Los defensores de las ciudades santuario argumentaron que la Décima Enmienda de la Constitución reserva a los estados todas las competencias no delegadas explícitamente al gobierno nacional, entre las que se incluyen la potestad de decidir cómo administrar sus propios recursos y fuerzas policiales.
Las políticas federales de control migratorio encontraron resistencia en urbes donde millones de inmigrantes —con o sin papeles— contribuyen a la economía local y a la seguridad ciudadana. Los alcaldes sostienen que la cooperación ciega con las autoridades federales destruye la confianza de las comunidades con la policía, según explicaron desde The New York Times.
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, lo expresó ante el Congreso en marzo: “No puedo tener una ciudad donde los padres teman enviar a sus hijos a la escuela o donde los niños duerman en la calle, expuestos a la explotación. Si un inmigrante indocumentado presencia un crimen y teme llamar al 911, los delincuentes quedarán libres”.
A esto se suma un factor económico. Mantener detenidos a migrantes implica un gasto que muchas ciudades no pueden asumir. Un informe de la Contraloría de Nueva York, citado por The New York Times, calculó en 2021 que alojar a una persona en prisión costaba unos 1500 dólares diarios. Para muchos alcaldes, aceptar ese costo sería desviar fondos de la educación o la salud pública.
Las tensiones actuales retoman un antiguo debate sobre la soberanía compartida entre el gobierno federal y los estados. En fallos históricos, como el de 1992 sobre la gestión de desechos radiactivos y el de 1997 sobre la ley Brady de control de armas, la Corte Suprema sostuvo que la Casa Blanca no puede “coaccionar” a los gobiernos locales para implementar políticas nacionales.
Sin embargo, según The New York Times, la administración Trump parece dispuesta a revertir ese principio. Con la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) convertida en el cuerpo de seguridad con mejor financiamiento en Estados Unidos, el presidente busca extender su autoridad ejecutiva por encima de los gobiernos locales.
En este contexto, el conflicto en torno a las ciudades santuario ya no se limita al tema migratorio. Representa una lucha más amplia por el equilibrio de poderes en Estados Unidos. Los demócratas, tradicionalmente críticos de la doctrina de los “derechos de los estados”, recurren ahora a ese mismo argumento para frenar lo que consideran una expansión desmedida del poder presidencial.
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