WASHINGTON.- Un gran jurado federal de Estados Unidos presentó el jueves cargos penales contra el exdirector del FBI James Comey, en una dramática escalada de la campaña de represalias del presidente norteamericano, Donald Trump, contra sus enemigos políticos.
El gran jurado, que determina si existen pruebas suficientes para iniciar un proceso penal, acusó a Comey de un cargo por hacer una declaración falsa y de otro por obstrucción de un procedimiento del Congreso, en relación con su testimonio ante un comité del Senado en septiembre de 2020. Si es declarado culpable, Comey podría enfrentarse a hasta cinco años de prisión, aunque muchos fiscales actuales y pasados creen que el caso será difícil de probar.
“No es una lista, pero creo que va a haber otros”, respondió Trump a periodistas el viernes cuando se le preguntó quién sería el próximo objetivo tras la acusación de Comey. “Estos eran demócratas corruptos de izquierda radical”, agregó el mandatario haciendo referencia a Comey y otros exfuncionaros.
El exdirector, quien investigó las acusaciones de interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, había negado las acusaciones el jueves en un video publicado en redes sociales: “Tengo el corazón roto por el Departamento de Justicia, pero confío mucho en el sistema judicial federal y soy inocente. Así que tengamos un juicio y mantengamos la fe”.
Su abogado, Patrick J. Fitzgerald, dijo en un comunicado: “Jim Comey niega los cargos presentados hoy en su totalidad. Esperamos reivindicarle en la sala del tribunal”.
El gobierno de Trump ha llevado a cabo una amplia campaña para rehacer el Departamento de Justicia, que el presidente alega fue utilizado como arma política desde que dejó el cargo en 2021. Trump se enfrentó a cargos federales por mal manejo de documentos clasificados y por tratar de anular su derrota electoral de 2020. Ambos casos, no obstante, han sido retirados.
Las acusaciones contra Comey rompen décadas de normas que han tratado de aislar a las fuerzas de seguridad estadounidenses de las presiones políticas. El fiscal federal de Virginia al que se había encargado el caso dimitió la semana pasada tras provocar la ira de Trump por expresar dudas sobre el caso, y otros en la oficina han dicho en privado que las pruebas no merecen cargos penales, según fuentes familiarizadas con el asunto.
Trump ha amenazado con encarcelar a sus rivales políticos desde que se postuló por primera vez a la presidencia en 2015, pero la acusación del jueves marca la primera vez que su gobierno logra una acusación de un gran jurado contra uno de ellos.
Desde su vuelta a la Casa Blanca en enero, Trump ha pedido públicamente a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que utilice su poder para perseguir a adversarios a los que ha calificado de “escoria”, entre ellos Comey, Letitia James, la fiscal general de Nueva York que demandó a Trump por inflar el valor de sus activos, y John Bolton, que fue responsable de seguridad nacional en el primer mandato del magnate.
Según funcionarios actuales y pasados, Bondi y su principal adjunto han expresado en privado su preocupación de que el caso contra el Comey sea demasiado débil para lograr condenas. Sin embargo, en una publicación en redes sociales tras la acusación pareció respaldar la medida, sin mencionar al Comey por su nombre, escribiendo: “Nadie está por encima de la ley”.
El actual director del FBI, Kash Patel, sugirió en redes sociales que esta acusación no sería la última de la administración contra lo que calificó como “el anterior liderazgo corrupto y sus facilitadores”. Y añadió: “Todos, especialmente quienes ocupan posiciones de poder, rendirán cuentas, sin importar su lugar”.
Muchos funcionarios actuales y pasados del Departamento de Justicia dijeron al diario The new York Times que consideraban profundamente preocupante la presentación de cargos penales contra el Comey. Argumentaron que las consecuencias podrían ser de gran alcance, incluida la renuncia de más fiscales debido a la forma en que la administración Trump ha intentado utilizar la agencia, así como la erosión de la confianza pública en los fiscales federales de Estados Unidos.
A diferencia de su primer mandato, en esta oportunidad Trump ha llenado los puestos más altos del Departamento de Justicia con figuras leales, quienes llevan adelante la investigación penal contra el Comey; una contra el exdirector de la CIA, John O. Brennan; y otras contra quienes, según la versión de Trump, han conspirado en su contra.
“Donald Trump ha ordenado la persecución penal de objetivos políticos, y el Departamento de Justicia está obedeciendo corruptamente”, dijo Norm Eisen, un destacado exresponsable de ética gubernamental bajo la presidencia demócrata de Barack Obama y actual miembro de la Brookings Institution. “Esta acusación tiene todas las características de una persecución vengativa y sin mérito”.
El documento de acusación es breve y está firmado únicamente por la abogada Lindsay Halligan, exabogada de seguros de Trump, quien lleva solo tres días en el cargo habiendo reemplazado al anterior fiscal federal de Virginia, Erik S. Siebert, a quien Trump destituyó, impaciente por la falta de cargos. Normalmente, este tipo de presentaciones también cuentan con el respaldo de los fiscales de carrera que han reunido las pruebas del caso.
Para un documento de acusación tan trascendental como el dirigido contra un exdirector del FBI, su contenido resultó poco revelador. La presentación sostiene que Comey mintió ante el Comité Judicial del Senado al negar que hubiera autorizado a otro funcionario del FBI a actuar como fuente anónima en informes de prensa sobre una investigación vinculada con la “Persona 1”, que sería una referencia a la entonces candidata presidencial Hillary Clinton. Según el texto, esa afirmación era falsa porque Comey sí había permitido a la “Persona 3” hablar bajo anonimato con periodistas sobre el caso.
El documento no identifica a esas personas, pero durante la audiencia el senador republicano Ted Cruz presionó a Comey para saber si alguna vez autorizó a su exadjunto Andrew McCabe a hablar con la prensa; Comey lo negó, como en ocasiones anteriores. Fiscales de carrera que revisaron el caso consideraron que las pruebas eran débiles: el intercambio clave fue breve y se basaba en un testimonio de hacía tres años. El senador demócrata Mark Warner advirtió que la acusación evidencia un intento del presidente de instrumentalizar la justicia. “Este tipo de interferencia es un peligroso abuso de poder”, señaló, subrayando que las decisiones judiciales deben basarse en la ley y las pruebas, no en los rencores de un político decidido a saldar cuentas.
Agencias Reuters y ANSA y diario The New York Times
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