La defensa argentina apeló la orden y, mientras tanto, el tribunal concedió una suspensión administrativa temporal para frenar la transferencia de las acciones. A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, en Estados Unidos la sentencia de primera instancia no se suspende automáticamente cuando se apela: es el juez quien decide si concede o no esa medida.
En octubre de 2023, cuando la Argentina apeló el fallo que establecía la indemnización, no depositó ninguna garantía para evitar embargos. Preska otorgó tiempo adicional, al justificar que en diciembre asumía un nuevo gobierno. Sin embargo, más de un año y medio después, la jueza señaló en su último escrito que “la República aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no hizo ningún esfuerzo por satisfacer las condiciones requeridas por el Tribunal”.
Actualmente, el Estado argentino sostiene dos apelaciones en paralelo: por un lado, la sentencia de primera instancia que obliga a pagar la indemnización a Burford Capital y Eton Park; por otro, el reciente pedido de Preska que exige la entrega del 51% de las acciones de YPF.