Por Alejandro Horvat
Lucía llega al Aeropuerto Internacional de Ezeiza con una valija amarilla, una mochila al hombro y una bolsa de recuerdos. Su vuelo parte rumbo a Madrid. En el mostrador del check-in una agente le coloca una etiqueta con un código de barras. Parece un trámite menor, pero ese adhesivo activa una maquinaria de precisión que, bajo tierra, cuenta con unos tres kilómetros de cintas, sensores y brazos robóticos. Sin saberlo, Lucía acaba de poner en marcha una secuencia silenciosa que llevará su equipaje hasta el avión y le permitirá encontrarse con sus cosas en el Aeropuerto de Barajas.
Por Hernán Cappiello
El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de las coimas, la mayor causa de corrupción que se investiga en la Argentina y donde Cristina Kirchner es la principal acusada, no tiene vuelta atrás: el tribunal oral a cargo del proceso convocó para el 24 de septiembre a una audiencia para organizar el debate oral que comenzará el 6 de noviembre.
Con la decisión de los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli −a la que accedió LA NACION− quedó allanado el camino para el juicio que deberán afrontar más de 150 imputados, entre ellos Cristina Kirchner y otros exfuncionarios, y la mayoría de los empresarios que tenían contratos con el Estado.
Un tribunal laboral ordenó la reincorporación de 85 trabajadores del peaje de la empresa Corredores Viales SA, que habían sido despedidos tras adherirse a una medida de fuerza en el marco de una protesta sindical.
La sentencia fue dictada por la Sala VI de la Cámara del Trabajo, integrada por Graciela Craig, viuda del exdiputado Héctor Recalde, y Gabriela Vázquez, afín al kirchnerismo, con la disidencia de Carlos Ponce.
Derrotado en los tribunales, el Gobierno cargó este jueves contra Emiliana McNamara, la referente gremial que presentó el amparo a partir del cual la justicia federal decidió suspender el decreto que disolvió Vialidad Nacional.
McNamara es pareja de Fernando Raúl Cantín, hijo de Raúl Cantín, exintendente kirchnerista de Río Gallegos, y socio de Martín Báez, hijo mayo de Lázaro Báez, en Northville Fiduciaria, una de las empresas del entramado del clan Báez que quedó bajo la órbita de las investigaciones judiciales.
Por medio de tres disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno prohibió la elaboración, uso y comercialización de un aceite de oliva y una serie de productos para el pelo por no estar registrados sanitariamente en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). En los documentos detallaron que fueron calificados como “ilegales”.
Uno de los elementos prohibidos fue el aceite de oliva extra virgen de la marca “Monte Oliva”, originario de Mendoza, el cual, según establecieron en la Disposición 5040/2025, “carece de registros sanitarios de establecimiento y producto, y está falsamente rotulado al exhibir en su rótulo números de RNE y RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal”.
En medio de las disputas en el Poder Ejecutivo entre Victoria Villarruel y Javier Milei, la vicepresidenta difundió este jueves en sus redes sociales un nuevo sitio web que comparte exclusivamente noticias de su agenda, transmisiones en vivo de las sesiones en el Senado y otras noticias vinculadas a su cargo.
Desde su entorno aclararon a LA NACION que la página “Actualidad VEV” [por las siglas de su nombre] no pertenece a la vicepresidenta, sino que fue creado por un grupo de mujeres del interior del país que idearon la aplicación y suben el contenido. En tanto, especificaron que las creadoras no forman parte del equipo de trabajo del Senado ni reciben ningún tipo de remuneración.
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