Lorena Villaverde confirmó este miércoles que desistirá de asumir su banca como senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA) después de que la oposición en la Cámara alta frenara su incorporación al cuerpo por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
Luego de que los habitantes más poderosos de la Casa Rosada optaran por soltarle la mano para encapsular el escándalo, la legisladora por Río Negro, quien fue electa como senadora en los comicios del 26 de octubre pasado, le presentó su renuncia al presidente Javier Milei a través de una carta que publicó en la red social “X”.
“Lo hago con la serenidad de quién sabe quién es, y con la certeza de que ningún cargo vale más que la oportunidad histórica de que la Argentina rompa definitivamente con el fracaso estructural”, señaló Villaverde.
Con la jura de los 127 legisladores electos, la Cámara de Diputados inauguró hoy una nueva configuración que marcará la dinámica parlamentaria en los próximos dos años de la gestión de Javier Milei. Tras consagrarse como primera minoría con 95 miembros, el oficialismo entronizó por segunda vez consecutiva a Martín Menem como presidente del cuerpo, designación que obtuvo el aval de la mayoría de los bloques, aunque no fue unánime.
Con la presencia del presidente Javier Milei en el palco principal del recinto, todo era euforia en La Libertad Avanza. No solo porque destronó a Unión por la Patria como primera fuerza de la Cámara baja, sino porque logró retener en manos de Menem la facultad para integrar las comisiones, claves para definir la suerte de las leyes a tratar.
Muchos rectores universitarios, presidentes de colegios profesionales, secretarios generales de sindicatos, intendentes y gobernadores deberían estar inquietos y hasta quizá preocupados por la situación de Chiqui Tapia.
El “modelo AFA” es muy similar al que se ha consolidado en otras instituciones de la Argentina, donde el personalismo, la opacidad, la eternización en el poder y el silenciamiento de las voces críticas tienden a imponerse como métodos de conducción.
LA PLATA.- El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, consiguió aprobar este jueves a la madrugada la autorización para tomar nueva deuda en una sesión extraordinaria de la Legislatura, que comenzó tras un cuarto intermedio a la 1.30. De esta forma, la Provincia se garantizaría los fondos para el pago de los aguinaldos de unos 550.000 empleados públicos en diciembre.
Tras una una jornada de negociación en la que se había llegado a un principio de acuerdo en la noche del miércoles en el interior del peronismo para sancionar la ley de financiamiento -que incluye la creación de un Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal, condición fijada por los intendentes para dar su consentimiento a los legisladores que les responden en la Legislatura- el Poder Legislativo bonaerense dio un paso más y la aprobó.
“La caja está en orden”, comentó un desubicado, creyéndose gracioso, cuando escuchó que el nuevo jefe de la SIDE sería Cristian Auguadra. Es el contador personal de Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”. Lo heredó de su padre, el escribano Claudio Caputo. El nuevo secretario de Inteligencia había sido, gracias a su especialización en auditoría, el responsable de Asuntos Internos de esa agencia.
Es decir: el encargado de controlar, entre otras cosas, el movimiento de fondos reservados. Veinte años antes, Auguadra había sido director del Banco Ciudad, en representación de la oposición que lideraba Mauricio Macri. Tiempos de Aníbal Ibarra, cuando la entidad era dirigida por Eduardo Hecker.
La Corte Suprema de Justicia comenzó el operativo para devolverle al Estado unos 60 millones de dólares en dinero y bienes decomisados que pertenecen a Lázaro Báez y a su hijo Martín Báez, en la causa conocida como “la Ruta del Dinero K”.
El director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte Suprema, Sergio Romero, le mandó un oficio al juez Néstor Costabel, del tribunal oral federal 4 (TOF4), que condenó a Báez, en el que le señala que se “ha dispuesto el decomiso de sumas dinerarias mediante la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos de las subastas realizadas en el marco del incidente N° 3017/2013/TO2/14 y de bienes inmuebles registrados a nombre de los ciudadanos Lázaro Antonio Báez y Martín Antonio Báez».
Asimismo, le dijo que se procedió a “su inscripción registral bajo la titularidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, todo de acuerdo con lo que dispone el Código Penal y Código Procesal Penal.
El ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró este miércoles cuáles son las opciones que evalúa el Gobierno para afrontar en enero el pago a bonistas privados de US$4200 millones. La estrategia primaria es esperar una baja del riesgo país que permita refinanciar los vencimientos mediante la colocación de nueva deuda a una tasa razonable. Si ese escenario no se concreta, confirmó que mantiene negociaciones con bancos internacionales para cubrir los compromisos.
Durante el tradicional almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) en el Alvear Palace Hotel de Recoleta, Caputo señaló que, con las iniciativas que el Gobierno impulsa en el Congreso —como la reforma tributaria, la ley de inocencia fiscal, la reforma laboral y el Presupuesto 2026—, “lo más probable es que el riesgo país vaya a converger a los 300 puntos básicos”. Hoy el indicador ronda los 640 puntos, por lo que sería necesario una fuerte caída.
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