Este pasado martes, vista la información trascendida por publicaciones periodísticas que dieron lugar a la denuncia formulada por el Fiscal Federal, Dr. Guillermo Fernando Marijuan, la Diputada Nacional por Corrientes, Sofía Brambilla, solicitó al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Capital Humano un pedido de informe detallando respecto al Programa “Potenciar Trabajo” y todo lo relacionado al mismo; cantidad de adjudicados, incompatibilidades ente dicha ayuda social y los beneficiarios como así también, las medidas a adoptarse frente a este escenario.
“Estas discrecionalidades son propias de gobiernos populistas”, aseguró la legisladora.
En esta línea, conforme surge de la investigación del fiscal, se acreditó que 8 mil personas que cobran el plan, tienen relación laboral con alguna de las dependencias del Estado y que al menos que 160 mil beneficiarios tenían el plan de manera ilegítima.
“Estas irregularidades generan un perjuicio enorme al patrimonio público”, aclara la diputada y agrega “Los argentinos decidieron cambiar, pero para cambiar hay que confiar y para confiar hay que hacer las cosas bien”
El pedido de informe, apunta a promover un marco regulatorio general para el otorgamiento de programas y beneficios sociales que sean financiados con la contribución de todos los argentinos.
El documento presentado por la diputada, tuvo un gran apoyo por parte de sus pares; los/as diputados/as: Sabrina Ajmechet; Martin Ardohaín; Hector Raúl Stefani; José Nuñez; Marilú Quiroz; Sergio Eduardo Capozzi; Germana María Figueroa Casas; Anibal Tortoriello, quienes acompañaron el escrito en calidad de cofirmantes.
Por último, es preciso recordar algunas incompatibilidades reseñadas en el punto 7.2 del Anexo, para el ingreso y permanencia en el Programa: “…resulta incompatible para aquellas personas que posean empleo formal; sean prófugos de la justicia; quienes perciban subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgado por el Estado Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sean empleados provinciales, municipales o de ONG’s y sean personas con empleo formal registrado…”
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