Luego de dos años de enfocada investigación de la Gendarmería Nacional, se realizaron varios allanamientos en la localidad de Pueblo Libertador, donde se detectaron maniobras sospechosas de presunto lavado de activos, entre un corralón y el Municipio local que arrojó como resultado el decomiso de bienes por más de $112 millones.
Desde el Juzgado Federal de Goya a cargo de Cristina Pozzer Penzo se dispusieron una serie de actuaciones que permitieron detectar por ejemplo incrementos de facturaciones del comercio privado por hasta un 600%, según revelaron a Actualidad Esquina fuentes vinculadas con la causa. Al frente de las solicitudes de oficios estuvo el titular de la Fiscalía Federal Mariano de Guzmán.
En el mes de mayo del 2024, a requerimiento de la Justicia Federal, inició el trabajo investigativo por parte de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (Uniprodjud) de Goya enfocada en verificar presuntas maniobras de legitimación de activos y malversación de fondos públicos.
La lupa estaba puesta en el patrimonio de una pareja radicada en la localidad de Pueblo Libertador, donde iniciaron actividades comerciales. Como antecedente, la mujer, había sido detenida en el año 2016 con una carga de cocaína, lo cual dejaba en evidencias vínculos con el narcotráfico.
La labor desplegada en la actualidad apuntaba a desentramar una presunta red de lavado de dinero que tendría como fachada la comercialización de materiales de construcción y alquileres temporales, según se informó.
En tal sentido destacaron que el análisis patrimonial y financiero realizado por el Grupo de Delitos Económicos de la Gendarmería Nacional reveló inconsistencias, al encontrarse con picos de facturación por venta de materiales con incrementos interanuales superiores al 600%, determinaron los informes.
Además, llamó la atención los vínculos con el Municipio local, ya que gran parte de los ingresos de la firma provenían de transacciones con la Municipalidad de Pueblo Libertador, operaciones que no guardarían proporción con la capacidad de consumo real del mercado local -una población de 5.000 habitantes- ni estaban debidamente justificadas en los contratos analizados, según establecieron.
Ante la sospecha de una posible apropiación indebida de fondos de recaudación pública y la simulación de operaciones comerciales para blanquear dinero de origen ilícito, se diligenciaron cuatro órdenes de allanamiento y tres órdenes de presentación, en las cuales también colaboraron miembros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).
Como resultado de los procedimientos, secuestraron dos camionetas una Toyota Hilux y otra Ford Ranger; así como dinero en efectivo por más de $3,2 millones y 2.204 dólares estadounidenses.
También incautaron celulares y abundante documentación de interés para la causa, que serán sometidas a pericias más exhaustivas.
El avalúo total de los bienes afectados al proceso asciende a los $112.128.880, puntualizaron.
En otro orden de cosas, y dada la complejidad del caso y los antecedentes de narcotráfico, la investigación solicitaron el apoyo del Centro Internacional de Análisis del Crimen Organizado de la Triple Frontera (Cidecofron).
Por orden de la magistrada, los elementos incautados fueron trasladados para su resguardo a los depósitos de la Unidad interviniente y a la base de la Patrulla Fija “Santa Lucía”, dependiente del Escuadrón 48 «Corrientes» de Gendarmería Nacional. Aunque por el momento no se registraron detenciones, la causa continúa y no descartan nuevos operativos para las próximas horas.
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