La política migratoria de Estados Unidos podría afrontar diversos cambios en los próximos meses. Durante 2025, el Congreso recibió una serie de propuestas que, de aprobarse, modificarían profundamente la forma en que se aplican las leyes de inmigración, se gestionan las fronteras y se reconocen los derechos de los extranjeros.
El proyecto State Immigration Enforcement Act se introdujo en enero de 2025 y busca otorgar a los estados y ciudades la facultad de promulgar y hacer cumplir sus propias sanciones por violaciones a la ley federal de inmigración.
Con esta medida, la aplicación de las normas migratorias dejaría de ser exclusiva del gobierno federal y se convertiría en una tarea compartida con las autoridades locales.
La propuesta modificaría la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), específicamente la Sección 274A(h), y eliminaría un párrafo que actualmente restringe esa capacidad.
Según el texto legislativo, las sanciones estatales no pueden superar las federales, pero el cambio abriría la puerta a interpretaciones y medidas punitivas diferentes en cada jurisdicción.
La iniciativa se encuentra bajo revisión del Comité Judicial desde enero de 2025.
El proyecto Ending Catch and Release Act of 2025 apunta a prohibibir la liberación de solicitantes de asilo dentro de EE.UU. mientras esperan resolución.
Presentado en enero, el texto busca modificar el proceso de admisión y reforzar la detención obligatoria para quienes ingresan sin autorización.
La ley alteraría la Sección 235(b) de la INA, al endurecer los requisitos para obtener libertad condicional (parole) y elevar el estándar de “miedo creíble” en las solicitudes de asilo.
De esta manera, reduciría drásticamente la posibilidad de que los migrantes permanezcan libres durante el trámite de sus casos.
El proyecto Stop Illegal Entry Act, aprobado por la Cámara de Representantes en septiembre de 2025, constituye una de las medidas más severas en materia de seguridad fronteriza.
Su objetivo es aumentar las sanciones penales para las personas que ingresan o reingresan a EE.UU. de forma ilegal después de haber sido deportadas.
Esta iniciativa modifica las Secciones 275 y 276 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, al imponer penas mínimas obligatorias y al aumentar considerablemente los años de prisión por reincidencia.
El proyecto fue enviado al Senado el 15 de septiembre de 2025, tras su aprobación por votación nominal en la Cámara baja, con 226 votos a favor y 197 en contra, según el registro legislativo federal.
Presentado en julio de 2025 por las congresistas María Elvira Salazar (republicana de Florida) y Veronica Escobar (demócrata de Texas), la DIGNITY Act propone una reforma integral que combina control fronterizo, regularización y oportunidades de ciudadanía.
Su nombre completo, “Dignity for Immigrants while Guarding our Nation to Ignite and Deliver the American Dream”, refleja el propósito de proteger la frontera mientras se brinda una vía justa para millones de personas que ya viven en el país norteamericano.
Este proyecto bipartidista está dividido en tres grandes secciones: Seguridad Fronteriza, Dignidad y Sueño Americano, y Prosperidad y Competitividad.
El proyecto aún se encuentra en revisión por varios comités de la Cámara.
La No Anonymity in Immigration Enforcement Act, presentada en junio de 2025, busca garantizar la transparencia en las operaciones migratorias mediante la identificación visible de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El texto prohíbe expresamente el uso de máscaras, cascos u otros elementos que oculten el rostro durante los operativos, salvo en casos de riesgo extremo o razones médicas.
Según la documentación del Congreso, la medida busca “evitar el anonimato de los agentes” y reforzar la confianza pública en la aplicación de las leyes.
El proyecto permanece en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes desde su presentación.
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