En respuesta parcial a una orden de la Justicia Federal, el Gobierno restituyó hoy 3644 pensiones por incapacidad laboral que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) había pausado en la provincia de Catamarca, luego de la puesta en marcha de una auditoría de carácter nacional, en la que se dieron de baja más de 110.000 pensiones, según datos oficiales.
La medida, publicada hoy en el Boletín oficial, ocurre luego de que un juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, ordenara restablecer a lo largo de todo el país las pensiones no contributivas por invalidez que habían sido suspendidas por el Gobierno.
En su fallo del viernes, el juez Díaz Martínez ordenó que la cautelar dictada el 12 de septiembre se extendiera a todo el territorio nacional, pero la Andis interpuso un recurso contra esa decisión, dijeron fuentes del Gobierno, y reactivó solo las correspondientes a la provincia de Catamarca.
“Restablécese las suspensiones de los beneficios de las personas identificadas en el Anexo I […] en cumplimiento de la medida cautelar dictada en el marco de la causa “defensor del pueblo y otro c/ Andis s/acción de amparo ley 16986 c/cautelar”, dice uno de sus artículos de la resolución oficial de hoy.
En su fallo del viernes, el juez Díaz Martínez ordenó que la cautelar dictada el 12 de septiembre de este año se extendiera a todo el territorio nacional y que, en el plazo de 24 horas, se restableciera “la totalidad de las pensiones suspendidas y/o retenidas a los titulares de las mismas, pague el importe de los haberes de pensión retenidos a la fecha, en todo el territorio nacional”.
El juez también ordenó el cese de las auditorías −basadas en el Decreto 843/2024−, y prohibió disponer de nuevas suspensiones hasta que exista una sentencia definitiva, además de validar a las asociaciones que impulsaron la acción colectiva como genuinos representantes del grupo afectado.
La resolución oficial lleva la firma del interventor de la Andis, Alejandro Alberto Vilches, quien tomó las riendas del organismo tras la salida de Diego Spagnuolo, presunto autor de los audios en donde se señalaba la existencia de un supuesto mecanismo de coimas en la agencia de discapacidad, un entramado que involucraría a Karina Milei y que hoy está siendo investigado en la Justicia de Comodoro Py.
La restitución de las pensiones catamarqueñas coincidió con nuevas movilizaciones y protestas para que el Gobierno aplique la ley de emergencia en discapacidad (Ley 27.793), que fue aprobada en el Congreso, pero cuya ejecución el Gobierno suspendió.
La ley estableció un paquete amplio de disposiciones. Entre los ejes centrales figuran la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social; la declaración de interés público nacional de los servicios de los prestadores; la compensación de emergencia financiada por el Tesoro; la actualización de aranceles con la misma fórmula de movilidad que rige para jubilaciones y la introducción de exenciones en las contribuciones patronales durante tres años para empleadores que contraten personas con discapacidad en forma permanente.
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