El presidente Javier Milei firmó el viernes por la noche los vetos al aumento del 7,2% a las jubilaciones y a la declaración de emergencia en discapacidad –en la que se iban a destinar más fondos-, proyectos que fueron aprobados en julio por la Cámara de Senadores. Los textos serán publicados el lunes en el Boletín Oficial, según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales.
El titular del Ejecutivo ya había adelantado en varios de sus discursos y entrevistas que iba a rechazar todo lo que requiera un gasto extra que ponga en peligro —según él— el equilibrio fiscal. En ese marco, apuntó contra el kirchnerismo por propinarle un duro revés al Gobierno en la sesión de julio y contra su vicepresidenta, Victoria Villarruel, con quien tiene un vínculo roto desde el año pasado.
Si bien desde la Casa Rosada habían dejado trascender que el mandatario firmaría los vetos el lunes— fecha límite que tenía para hacerlo— y que recién se publicaría el martes en el Boletín Oficial, finalmente Milei rubricó los decretos anoche.
El interrogante que surge ahora es si la oposición incluirá los vetos en el extenso temario que piensa abordar este miércoles en Diputados, o si decidirá tratarlos en las próximas semanas. Según pudo saber LA NACION de fuentes parlamentarias, la intención de algunos legisladores sería dilatar la sesión hasta asegurarse los dos tercios necesarios para rechazar la iniciativa del Ejecutivo. Para ello, podrían incluso esperar al cierre de listas para los comicios del 26 de octubre.
En la Cámara baja, el proyecto de jubilaciones obtuvo 142 votos afirmativos, 67 votos negativos y 19 abstenciones, con 29 ausentes. El cálculo que hacen en LLA es que parten de 67 avales al veto (los que ya rechazaron el proyecto) y que necesitan un piso de 72 para alcanzar el tercio “salvador”.
Se trata, desde ya, del cálculo más optimista, ya que prevé que no se sumarán voluntades a la defensa de la ley, que es por demás sensible.
La mira del oficialismo está puesta en garantizar el apoyo de “al menos 33 de los 35 diputados de Pro”, de todo el bloque MID, de los cinco radicales “peluca” y de un puñado de legisladores que responden a los gobernadores y que en las votaciones iniciales se ausentaron o se abstuvieron.
Las negociaciones se dan en pleno armado electoral y mientras el oficialismo evalúa replicar en la Ciudad el acuerdo en Provincia con Pro. A menos de una semana del cierre de alianzas, desde LLA impusieron una serie de condicionamientos al partido amarillo para sellar un pacto en su histórico bastión. Básicamente, que se imponga el nombre y sello violeta en las boletas.
Según pudo saber LA NACION, otro de los requerimientos era apartar de las negociaciones al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien a fin de esta semana se posicionó como el encargado de firmar la alianza con LLA. La jugada del jefe comunal encendió todas las alarmas y generó sorpresa dentro de Pro, donde los más proclives a un entendimiento con el oficialismo esperaban que fuera Ezequiel Sabor, uno de los interlocutores con Karina Milei, y secretario general del partido amarillo en CABA, quien rubricara un eventual acuerdo.
Sin un horizonte claro sobre el vínculo entre amarillos y violetas en la Ciudad, surge la incógnita de cómo podrían inclinar la balanza los 9 diputados de Pro que se abstuvieron durante la votación por una suba del 7,2% a los jubilados.
Otra de las variables en juego será el poder de fuego que podrían exhibir los cinco gobernadores que esta semana inauguraron un nuevo frente electoral nacional. Una especie de tercera vía que buscará afianzarse dentro del parlamento. Se trata de Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa fe). A ellos responden al menos 11 diputados.
A ello se suma, la postura que adoptará el resto de los mandatarios provinciales. Mientras tanto, todavía está sobre la mesa la posibilidad de que el Poder Ejecutivo ofrezca una alternativa para paliar la situación en el área de discapacidad. También se evalúa habilitar un reparto —en un volumen a definir— de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para contener a algunos de los gobernadores “amigables” que vienen reclamando fondos.
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