El gobernador Gavin Newsom convirtió en ley una de las medidas más polémicas y comentadas de los últimos meses: la prohibición a agentes federales, incluidos los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de actuar con el rostro cubierto en California. La norma, conocida como Senate Bill 627 (SB 627), surgió como respuesta a los operativos realizados en los últimos meses en barrios y comunidades del Estado Dorado, donde familias denunciaron la presencia de agentes enmascarados que irrumpían en escuelas, hospitales y calles residenciales.
El texto legal, impulsado por el senador Scott Wiener y respaldado por un amplio bloque demócrata, apuntó a reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la actuación policial. La ley se centró en la idea de que los ciudadanos deben saber quién los detiene, quién los interroga o quién ejecuta una orden judicial.
Entre los puntos centrales se estableció que:
El propio comunicado de la oficina del gobernador subrayó que la rutina de ver oficiales encapuchados en las calles generaba miedo en la población. Según el texto oficial, Estados Unidos “nunca debería ser un país donde una ‘policía secreta’ enmascarada suba a personas a camionetas sin identificación para desaparecerlas”.
Con la entrada en vigor de la ley, las reglas de interacción con las fuerzas de seguridad cambiaron en California. Cualquier ciudadano que se encuentre con agentes del ICE u otra agencia con el rostro cubierto debe tener en cuenta una serie de consideraciones:
La ley no pasó inadvertida en Washington D.C. Días antes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) había emitido un comunicado donde pedía que Newsom vetara la SB 627. El organismo argumentó que la medida ponía en riesgo directo a los oficiales y a sus familias, expuestos a ser identificados en redes sociales y atacados por organizaciones criminales.
Tricia McLaughlin, asistente del secretario del DHS, fue tajante: “Nuestros agentes enfrentan un aumento de más del 1000% en agresiones, doxing y ataques con vehículos. Quitarles la posibilidad de proteger su identidad es condenarlos a ser blanco de pandillas como el Tren de Aragua o la MS-13”.
El texto oficial del DHS insistió en que los agentes federales ya se identifican de manera visible a través de chalecos, vehículos oficiales y distintivos, por lo que el uso de máscaras no debería ser interpretado como un intento de anonimato.
Desde el gobierno de Trump y la actual conducción de Seguridad Nacional se describió la ley como un acto de “política santuario” que, según sus palabras, “protege a criminales y debilita la aplicación de la ley”.
En contraste con las críticas, Newsom defendió la SB 627 como una herramienta de confianza social. “La seguridad pública depende de la confianza entre la comunidad y quienes la protegen. Esa confianza fue rota cuando agentes armados irrumpieron en escuelas y hospitales ocultando su rostro”, declaró el gobernador al momento de la firma.
Jennifer Siebel Newsom, primera dama de California, puso el acento en las consecuencias emocionales: “He escuchado a madres que temen enviar a sus hijos a la escuela y a familias de trabajadores agrícolas que viven cada día con la angustia de ser separados. Ninguna familia debería cargar con ese peso”.
La ley también recibió apoyo desde la Legislatura. La senadora Lena González, presidenta del Caucus Latino de California, celebró la medida como un triunfo de las comunidades que habían sido “blanco de redadas indiscriminadas”. Por su parte, el asambleísta Mike Fong, representante del Caucus Asiático y del Pacífico, afirmó que “nadie debería tener miedo de ir a trabajar, estudiar o buscar atención médica”.
Aunque la SB 627 ya está promulgada, Newsom reconoció que el texto deberá ser ajustado. En el mensaje de firma enviado al Senado estatal, el gobernador pidió que la Legislatura introduzca cambios en la próxima sesión para “clarificar excepciones legítimas” y evitar interpretaciones ambiguas que puedan entorpecer la labor de los oficiales.
Hasta tanto, la obligación es clara: todas las agencias de seguridad en California deberán preparar y publicar sus políticas internas antes de mediados de 2026, lo que garantizará que sus miembros no utilicen coberturas faciales como mecanismo de intimidación o anonimato.
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