Para José Candioti, fiscal general de Paraná, Alberto Barnada, un comerciante de 77 años, “conocía el peligro” de transportar 500 kilos de explosivos en una camioneta 4×4 sin ninguna medida de seguridad. Si hubiese tenido un accidente cuando pasaba por el túnel subfluvial que une las provincias de Entre Ríos y de Santa Fe podría haber causado graves daños. El representante del Ministerio Público pidió cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.
Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales al finalizar el alegato del fiscal Candioti ante la jueza Noemi Berros, magistrada que integra el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná y que está a cargo del debate donde Barnada es juzgado por tener en su poder 500 kilos de explosivos de alta potencia de manera ilegal.
Los explosivos fueron descubiertos por personal de la Policía de Entre Ríos en el puesto caminero Santa María, en el kilómetro 496 de la ruta nacional 12, en Cerrito, un municipio del departamento Paraná. Barnada circulaba en una camioneta Toyota Hilux y, supuestamente, se dirigía a Misiones. El viaje había comenzado en Córdoba.
Ante la falta de documentación, el personal policial decidió revisar la caja de la 4×4 y descubrió, en cajas de cartón, tapadas con trapos viejos, 500 kilos de un explosivo, identificado como Gelamón VF 65%, producido por Fabricaciones Militares (FM) en las instalaciones de Villa María, en Córdoba.
“El conductor no tenía ninguna constancia de compra del material ni autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac)”, habían dicho, en su momento, a LA NACION fuentes oficiales.
Barnada llegó al juicio en libertad. En su alegato, el fiscal Candioti y la auxiliar fiscal Valeria Esponda hicieron hincapié “en el peligro que generó el imputado al haberse trasladado por las rutas del país teniendo de manera ilegal ese cargamento de explosivos y sin adoptar mínimas medidas de seguridad al respecto”.
Los representantes del Ministerio Público provincial también resaltaron que Barnada “realizó una conducta totalmente desaprensiva con la sociedad al haber pasado por el Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis, que une las ciudades de Paraná y Santa Fe». Está prohibido transitar por el túnel con explosivos.
“Los testigos que declararon en el debate sostuvieron que si hubiera habido un choque en el túnel, con derramamiento de combustible, los explosivos podrían haber explotado y causar grandes daños a la estructura misma del túnel y a la seguridad de las personas que circulaban por allí”, dijo a LA NACION el fiscal Candioti.
Durante su alegato, el representante del Ministerio Público destacó el trabajo realizado por la Policía de Entre Ríos en el operativo y subrayó la peligrosidad del material incautado, que presentaba un alto voltaje explosivo según un informe de FM. El gelamón, precisó, es un explosivo utilizado exclusivamente para voladuras en canteras de la industria minera.
La defensa del acusado, a cargo del abogado Ladislao Uzin Olleros, había pedido la suspensión del juicio a prueba. El Ministerio Público Fiscal se opuso por “la gravedad de la conducta” imputada y el Tribunal rechazó la solicitud.
Ante la objeción de Uzin Olleros de que la pena solicitada por el Ministerio Público era muy elevada. Pero para el fiscal Candioti, “la cuantía de la sanción penal debía ser adecuada a la culpabilidad y que los cuatro años de prisión efectiva pedidos respetaban el principio de proporcionalidad entre injusto y sanción; por ende, no se trataba de un pedido de pena desproporcionado”.
La escala penal por el delito que es juzgado Barnada tiene un mínimo de tres años de prisión y un máximo de seis.
“La defensa sostenía que se le podría haber dado una probation y en caso de condena, que sea a tres años de prisión en suspenso. El fiscal Candioti sostuvo que había razones suficientes para que la condena sea superior al mínimo legal, basado en la magnitud del injusto y que debía ser a pena de prisión efectiva», dijeron fuentes judiciales.
El viernes 12 de este mes se conocerá el veredicto.
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