Luego de que la Cámara Federal enviara al fuero penal económico la causa que investiga un presunto lavado de dinero de la quinta de Pilar adjudicada a autoridades de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), los dirigentes de la Coalición Cívica que impulsaron la investigación cuestionaron la decisión y presentaron un escrito para que vuelva al fuero federal. Además ampliaron la denuncia con más supuestas pruebas y solicitaron la inclusión de otros funcionarios al proceso judicial, entre ellos, Pablo Toviggino.
“Creemos que la decisión de la Cámara Criminal de quitarle al juez Daniel Rafecas el caso por presunto lavado de dinero de testaferros posiblemente vinculados a Claudio Tapia y Pablo Toviggino y pasarlo al Juzgado en lo Penal Económico es jurídicamente errónea y contraria al orden normativo vigente. Por eso presentamos junto a Matías Yofe un escrito ante la Procuración General para que vuelva al fuero federal. Acá lo central de la denuncia es el lavado”, expresó en sus redes sociales Facundo del Gaiso, uno de los denunciantes.
Además aseguró que se amplió la denuncia a través del aporte de nuevos hechos y elementos de prueba documentados que refuerzan los argumentos. “Solicitamos la inclusión de Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon y Mauro Javier Paz, entre otros, por la participación en la actuación personal y social a través de las empresas Soma SRL, Malte SRL y Wicca”, declaró.
En el documento, los denunciantes justificaron su pedido en que el delito de lavado de activos tiene “naturaleza federal”, según el marco normativo, porque afecta a bienes jurídicos de orden nacional, pero no ha sido asignado legalmente a la Justicia Penal Económica.
“A diferencia de la justicia federal criminal ordinaria –cuya competencia se define por la naturaleza federal de ciertos bienes jurídicos afectados o por la materia del delito–, en el caso del fuero penal económico no rige un criterio general por materia, sujeto o interés jurídico, sino un listado taxativo de figuras delictivas atribuidas. En ese listado no figura expresamente el delito del art. 303 del Código Penal (lavado de activos), pues dicha figura fue incorporada al Código Penal por ley 26.683 sin una cláusula específica de asignación de competencia al fuero penal económico», explicaron.
Tal como informó LA NACION, este viernes, la Cámara Federal, a través de un fallo unipersonal del juez Leopoldo Bruglia, decidió que la causa debe ser instruida en el fuero penal económico y le tocará llevarla al juzgado 10, cuyo titular es el juez Marcelo Aguinsky.
Hasta la decisión de la cámara, el caso estaba en manos del juez Daniel Rafecas, quien había declarado la incompetencia de su juzgado y enviado el caso al fuero penal económico, pero el juez Javier López Biscayart rechazó asumirlo: dijo que le correspondía a los tribunales federales de Comodoro Py y le devolvió el expediente a Rafecas. Luego, todo pasó al poder de la Cámara Federal, que tomó la decisión.
“No surgen -por el momento- particularidades concretas de la maniobra investigada que permitan inferir la afectación de bienes jurídicos tutelados que habiliten la intervención de este fuero”, dijo el juez Bruglia y añadió: “Entiendo que la prosecución de la investigación debe quedar a cargo del juzgado en lo penal económico con competencia específica en la materia, pues exclusivamente –prima facie– se encontraría comprometido el orden económico y financiero”.
Ya apartado del caso, Rafecas ordenó este viernes un allanamiento de la finca de Villa Rosa, ubicada en Pilar. Se trata de una propiedad sospechada de pertenecer a altos dirigentes de la AFA. Allí se encontraron 52 de los 57 vehículos de alta gama que la Justicia tenía previamente identificados por estar a nombre de Real Central SRL, la empresa investigada y propietaria formal del lugar.
En el listado de vehículos bajo titularidad de la firma -sobre cuyos dueños, Luciano Pantano y Ana Conte, pesa la sospecha de ser prestanombres- figuran varios vehículos de lujo, una gran serie de autos deportivos, camionetas 4×4, motocicletas y coches “coleccionables”.
Asimismo, el martes, el juez federal Luis Armella había ordenado más de 30 allanamientos en el marco de la investigación por las maniobras de la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA
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