BRASILIA.- Tras la histórica condena al expresidente Jair Bolsonaro este jueves por cargos de liderar una organización criminal y de intento de golpe de Estado, quedan varias cuestiones por resolver que determinarán el futuro del exmandatario de extrema derecha.
La principal duda respecto del proceso posterior al juicio se refiere a la posibilidad de apelar a través de los llamados embargos infractores, recurso previsto en el Código Procesal Penal que permite reevaluar una decisión no unánime.
El objetivo es permitir un nuevo juicio ante un órgano colegiado más amplio. Por lo tanto, una posible solución sería transferir el juicio de la Primera Sala, compuesta por cinco magistrados, al pleno, donde los 11 miembros del Supremo Tribunal Federal (STF) reevaluarían parte de la decisión.
Sin embargo, existen limitaciones a la capacidad de la defensa para presentar este tipo de recurso. Según la jurisprudencia de la Corte, una moción para interponer un recurso de amparo contra una condena dictada por los tribunales solo es posible cuando al menos dos jueces votan a favor de la absolución del acusado. Y la realidad es que reunió un solo voto a favor, el del juez Luiz Fux, mientras que tuvo cuatro en contra.
Si los desacuerdos se refieren a otros aspectos, como el cálculo de la pena o eventuales nulidades procesales, este recurso no puede ser utilizado. Así lo ha reafirmado el STF en precedentes recientes —como los casos del excongresista Paulo Maluf, el expresidente Fernando Collor y la peluquera Débora Rodrigues—, calificando este tipo de apelaciones como inadmisibles y meramente dilatorias, es decir, orientadas únicamente a aplazar la ejecución de la condena.
Bolsonaro está acusado de “liderar” una organización criminal que se basaba en un “proyecto autoritario de poder” y tenía como objetivo ejecutar un golpe de Estado.
Se le imputaron cinco delitos: organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daños calificados con violencia y amenaza grave contra bienes de la Unión y con perjuicio considerable a la víctima, y deterioro de bienes catalogados.
Los abogados afirmaron que el expresidente es inocente y no condonó ningún intento de perturbar la democracia. Durante su interrogatorio ante la Corte en junio, Bolsonaro admitió haber discutido “alternativas” a la derrota electoral de 2022, pero negó cualquier intento de golpe de Estado. Según su declaración en ese momento, el plan no prosperó y las propuestas fueron descartadas porque no existían condiciones, oportunidades ni una base mínimamente sólida para nada.
Existen otras vías que la defensa puede utilizar para intentar anular una posible condena. Una de ellas es una moción de aclaración, que generalmente no modifica la decisión, pero se utiliza para señalar omisiones o contradicciones en el juicio.
En la práctica, sirven más para retrasar la sentencia definitiva que para reabrir el debate, y el STF ha rechazado sucesivos recursos al considerarlos dilatorios.
Otra vía legal disponible para la defensa de Bolsonaro es el habeas corpus, que podría interponerse ante el pleno en casos de flagrante ilegalidad o abuso de poder. Sin embargo, este recurso no puede servir como recurso contra la decisión, y el Tribunal Supremo ha sido estricto al bloquear esta práctica.
Tras la sentencia firme, una vez agotados todos los recursos, la defensa aún puede recurrir la revisión penal. Esta acción está prevista en el Código de Procedimiento Penal en casos de error judicial, nuevas pruebas o injusticia manifiesta.
También existe la posibilidad de recurrir ante organismos internacionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante denuncias de violaciones del debido proceso o de derechos fundamentales. Si bien esta estrategia no suspende la condena en Brasil, puede generar responsabilidad internacional para el Estado.
Según los abogados que representan a los acusados en el complot golpista, Bolsonaro tendrá recursos a su disposición capaces de retrasar el resultado del caso, pero con posibilidades limitadas de revocar la condena.
Este jueves, el abogado Paulo Bueno, defensor de Bolsonaro, afirmó que el voto de Fux “abre el camino” para recursos ante Tribunales Internacionales al plantear cuestiones como las “restricciones a la defensa”.
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