Pagar a un coyote para que traslade a un niño o a cualquier persona a través de la frontera de Estados Unidos se convirtió en una de las decisiones más riesgosas para miles de familias migrantes. Detrás de esa práctica, muchas veces motivada por la desesperación y el miedo, existe un entramado legal severo que puede derivar en cargos criminales, cancelación de trámites migratorios, inadmisibilidad futura y hasta penas de prisión.
El Código de Estados Unidos, bajo el artículo 8 U.S.C. §1324, establece que participar directa o indirectamente en el tráfico o contrabando de extranjeros constituye un crimen federal.
La ley prohíbe llevar, intentar transportar, ocultar, alojar o inducir a cualquier persona a cruzar la frontera de manera irregular, incluso cuando se trate de hijos, hermanos u otros familiares.
La normativa no hace distinciones por el vínculo: el solo hecho de financiar o facilitar el cruce es una violación que habilita cargos penales.
Las sanciones previstas incluyen:
Las campañas públicas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), como la lanzada en 2022, insisten en que los coyotes son parte de organizaciones criminales y advierten que quienes pagan por sus servicios también pueden enfrentar consecuencias penales.
Cuando un migrante es detenido en la frontera y la CBP determina que ingresó con ayuda de un traficante, o que un tercero pagó por ese traslado, esa información queda registrada en su expediente.
Si se trata de un menor, el gobierno documenta el cruce como “menor no acompañado” y abre un protocolo que incluye transferencia a albergues, entrevistas y notificaciones a otras agencias federales.
Los hallazgos pueden desencadenar:
En muchos casos, aunque no se presenten cargos inmediatos, la información queda archivada y puede ser utilizada más adelante durante cualquier trámite migratorio.
Más allá del componente penal, la participación en un cruce irregular tiene efectos migratorios directos basados en las reglas de inadmisibilidad de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Según explica Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), una persona se vuelve inadmisible si acumuló presencia ilegal o si participó en acciones que facilitan el ingreso clandestino de otra persona.
El Uscis detalla que la presencia ilegal se genera en dos situaciones principales:
La acumulación de presencia ilegal activa prohibiciones de reingreso de tres a diez años, y en algunos casos una prohibición permanente.
Si además se descubre que el migrante pagó o coordinó el cruce con un coyote, el Uscis puede considerar que existe una causal adicional de inadmisibilidad basada en “alentar o asistir” el ingreso irregular de otra persona.
Estas determinaciones impactan de forma directa en:
Los abogados de inmigración, como los consultados por Univision, suelen advertir que uno de los problemas más graves surge años después, cuando la persona intenta regularizar su estatus.
Durante la entrevista consular o la revisión de antecedentes, las autoridades migratorias evalúan cómo se produjo el ingreso al país norteamericano y si existió participación de coyotes.
Cuando la CBP o el Uscis detectan que un adulto financió el cruce de un tercero —incluidos familiares—, el caso puede interpretarse como facilitación del tráfico humano.
Eso puede derivar en:
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