“El basural está totalmente prohibido”: la Justicia ordenó la clausura inmediata del vertedero municipal de Esquina
En una medida inédita, la Justicia ordenó la clausura inmediata del basural municipal ubicado en la zona conocida como Santa Librada, en el departamento de Esquina. La decisión surge a partir de una acción de amparo ambiental impulsada por el fiscal de Investigación Rural y Ambiental, Dr. Luciano Nicolás Bordón, quien aseguró que “el derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado fue vulnerado”.
La medida cautelar fue dictada por el juez subrogante del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Esquina, Joaquín Romero Alves, tras considerar probado que el predio –identificado como chacra 52– funciona como un basural a cielo abierto, sin ningún tipo de tratamiento ni control adecuado.
“Se pidió el cumplimiento de la Ley Provincial N.º 642, que prohíbe expresamente los basurales a cielo abierto, y a la cual el municipio está adherido desde hace más de seis años”, explicó el fiscal Bordón en diálogo con medios locales. “No hay ningún tipo de cerramiento, ingresan personas, animales, y se han producido reiterados incendios. Todo esto lo documentamos y fue presentado como prueba”, agregó.
Desde enero, la Fiscalía venía investigando la situación a raíz de reclamos vecinales por incendios en la zona. Se realizaron inspecciones, se recolectaron testimonios, y se tomaron muestras de agua subterránea y suelo, actualmente bajo análisis en el Instituto Médico Forense del Poder Judicial.
El juez resolvió que “es innegable la existencia del basural a cielo abierto y la falta de tratamiento de los residuos”, lo que motivó la orden de cierre inmediato del predio, colocación de cerco perimetral y prohibición de ingreso a personas ajenas al municipio y personal habilitado.
Consultado sobre el alcance de la medida, Bordón explicó: “Una vez que quede firme, no se podrá seguir depositando basura en ese lugar. Es una medida urgente para evitar que continúe la afectación ambiental”.
El municipio ya fue notificado y tiene un plazo de ocho días para presentar un informe sobre la situación. “Es un proceso constitucional expedito, porque se trata de una violación a una garantía fundamental: el ambiente sano”, remarcó el fiscal.
Finalmente, Bordón recordó que la Fiscalía Ambiental tiene legitimación para actuar en nombre de toda la sociedad: “Representamos derechos colectivos, difusos, que están en cabeza de todos los ciudadanos. Por eso impulsamos esta acción de oficio, sin necesidad de una denuncia individual”.
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