La escena que reconstruyó la fiscalía se ubica en el chaco salteño, entre las estaciones de Padre Lozano y Morillo, donde las vías del ramal C‑25 del Ferrocarril Belgrano Cargas fueron objeto de saqueo. Cuadrillas contratadas para cortar y cargar rieles trabajaban incluso de noche, con grupos electrógenos, herramientas y una camioneta del municipio. El proveedor señalado como organizador, Miguel Gerala, hijo del entonces intendente de Coronel Juan Solá, se jactaba ante el comerciante David Edilberto Medina: “Nadie puede traer más que yo”. Ambos fueron condenados por robo y contrabando, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Entre el 3 y el 12 de diciembre, la jueza de Revisión Mariana Catalano homologó dos acuerdos de juicio abreviado solicitados por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual. El primero, el 3 de diciembre, estableció la condena de Miguel Gerala a 6 años de prisión como coautor de contrabando de mercadería agravado por la cantidad de personas intervinientes, el uso de pasos no habilitados y el monto involucrado, en concurso real con cohecho activo y robo agravado por haberse cometido en despoblado y en banda. En el mismo acuerdo, David Edilberto Medina recibió 6 años de prisión por contrabando de mercadería agravado por el número de intervinientes y por la utilización de un paso no habilitado, en concurso real con encubrimiento de contrabando y cohecho activo [pagar una coima], además de la inhabilitación para ejercer el comercio por 5 años.
El segundo acuerdo, homologado el 12 de diciembre, alcanzó al sargento Jorge Fernando Cabrera, condenado a 2 años de prisión de ejecución condicional por cohecho pasivo, es decir, recibir una coima.
La jueza también declaró admisible la acusación contra el exintendente Atta Gerala, imputado por contrabando de mercadería triplemente agravado por la cantidad de personas intervinientes, por tratarse de un funcionario público y por el valor de la mercadería, en concurso real con robo agravado por haberse cometido en despoblado y en banda, y malversación de caudales públicos. El oficial ayudante de la Policía de la Provincia de Salta, Mauro Daniel Alejandro Rodríguez, deberá responder por cohecho pasivo. Ambos casos fueron elevados a juicio, con expectativa de pena de 11 años para el exintendente y de 3 años para el policía.
La investigación comenzó el 23 de agosto de 2024 tras una denuncia del Correo Argentino por el envío de más de 480 cubiertas comercializadas por Medina en Orán. Las primeras medidas revelaron que el comerciante ingresaba neumáticos desde Bolivia y luego los vendía en el país. Con el avance de las pesquisas, se determinó que Medina también exportaba material ferroso, principalmente rieles sustraídos del ramal C‑25 del Ferrocarril Belgrano Cargas, pese a la prohibición vigente de exportación de material ferroso establecida por el decreto 70/23 del Poder Ejecutivo Nacional.
La investigación permitió establecer que Medina contaba con un proveedor que disponía de una estructura para el saqueo y el traslado del material hasta un galpón ubicado en Alberdi al 900, en Orán. En julio de 2024, una denuncia señaló al hijo del intendente como principal responsable del robo de rieles, información corroborada mediante comunicaciones con Medina en las que Gerala mencionaba rieles sustraídos en Pluma de Pato, Dragones y Morillo. También se comprobó la participación de integrantes de comunidades originarias contratados para las extracciones, quienes recibían pagos de $10.000 por tarea.
Según el MPF, se utilizaron maquinarias, herramientas y una camioneta del municipio. En los teléfonos secuestrados se hallaron mensajes y un video filmado por Miguel Gerala que muestra a una cuadrilla trasladándose en camioneta tras una extracción. La cobertura para evitar controles fue atribuida al oficial ayudante Rodríguez, jefe del destacamento de Pluma de Pato. En el expediente consta un procedimiento en el paraje Padre Lozano, donde se detuvo un camión con rieles; el chofer declaró que había sido contratado por Atta Gerala.
En noviembre de 2024 se realizaron allanamientos en predios municipales y en la vivienda del entonces intendente, donde se secuestraron 15 rieles valuados en aproximadamente $19.000.000. El traslado hacia Bolivia se efectuaba por una finca privada con fondo lindero al país vecino. En esta etapa se acreditó la intervención de Cabrera para garantizar el paso de los camiones sin controles.
La causa incluye evidencia como intervenciones telefónicas, registros de imágenes, testimonios y secuestros de material. El exintendente fue destituido el 20 de noviembre de 2024, ocho días después de ser imputado por el MPF.
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