“Como no se veía desde hace décadas”, la grave y prolongada crisis hídrica que golpea a una amplia zona de la provincia de Buenos Aires —especialmente en su región central— muestra un dato alarmante: el epicentro de la emergencia es la cuenca del río Salado, una región productiva clave donde, de las 17 millones de hectáreas, 5,8 millones ya se encuentran afectadas. Este número supera a los cinco millones de hectáreas que se hablaba hace unas semanas.
Según cálculos realizados por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) sobre imágenes satelitales tomadas entre el 11 y el 13 de noviembre pasado, en el desglose de la afectación total se registran aproximadamente 2 millones hectáreas inundadas/anegadas y casi 3,8 millones de hectáreas afectadas.
En este contexto, Carbap aclaró la distinción de la “superficie afectada”, que son áreas que, “aun sin agua visible, no poseen condiciones mínimas para avanzar con las labores de siembra”.
La falta de posibilidades para trabajar se debe a la “falta de piso, caminos intransitables y ausencia total de accesibilidad para maquinaria”. En la práctica, los 5,8 millones “son hectáreas que quedaron fuera de producción”. Incluso donde el campo “parece seco”, las imágenes satelitales demuestran que “las condiciones del suelo hacen prácticamente imposible llevar adelante cualquier tarea agrícola”.
Comentaron que los partidos más golpeados incluyen a Bolívar, 9 de Julio, Pehuajó, 25 de Mayo, Lincoln, Carlos Casares y Las Flores. Estos municipios, que “vienen soportando el fenómeno desde hace tiempo”, representan más de 4,5 millones hectáreas, de las cuales “más de 1,1 millones están directamente bajo agua”.
Fue así que la entidad lanzó un duro informe que retoma “reclamos” que vienen planteando desde hace tiempo ante autoridades municipales, provinciales y nacionales. Para Carbap, este evento climático, que “por ahora no muestra señales de retroceder”, ha expuesto con crudeza las falencias en la infraestructura. La entidad fue categórica al señalar a los responsables: “Todos, sin excepción, cargan con una cuota de responsabilidad que ya no pueden esquivar”.
La crisis se da en un momento clave, ya que “la ventana de siembra de soja y maíz se cierra aceleradamente”. En este escenario afirmó que “la posibilidad de que una enorme superficie quede sin producir es cada vez más concreta”. Estimaron que “más de 1,5 millones hectáreas agrícolas tienen un riesgo muy alto de quedar improductivas este año”.
Y enfatizaron que si esa superficie no se siembra, se generará una pérdida económica estimada en “alrededor de US$2000 millones que dejarían de ingresar al circuito económico en 2026”. Este cálculo se basa en una relación de siembra estándar de 60% soja y 40% maíz.
Este impacto, remarcaron, recaerá directamente “en los productores”, pero se sentirá también “en toda la cadena de pago que sostiene la vida económica de los pueblos: contratistas, transportistas, proveedores, talleres, comercios y pymes locales”.
Asimismo, dijeron que “afectará también a los tres niveles del Estado, que verán caer su recaudación”. La conclusión de la entidad fue contundente: “Todos perdemos, mientras las obras siguen sin aparecer”.
Carbap subrayó que, si se suma “la pérdida acumulada de los últimos diez años, tiempo en que “el Plan del Salado ya debería estar terminado”, el costo de la inacción supera con creces el costo total de ejecutar las obras”.
La entidad dijo que las responsabilidades son compartidas y que “ya no se admiten excusas”. En primer lugar, los intendentes, que “son responsables del mantenimiento de la red vial rural”. Para ello, indicaron que cobran la “tasa vial, crecientemente onerosa; las guías de traslado y; además reciben el 12% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural (Ley 13.010)”. Sin embargo, Carbap afirmó que “una parte significativa de esos fondos se desvía irregularmente hacia otros gastos, y la falta de mantenimiento estructural queda expuesta cada vez que los caminos colapsan”.
Para la entidad ruralista, los caminos rurales son “la base logística del sistema productivo”, ya que “el 90% de los alimentos inicia su recorrido en un camino de tierra”. Si esta red falla, “se disparan los costos logísticos, afectando tanto a productores como a consumidores”.
Por su parte, dijeron que la provincia de Buenos Aires tiene “un rol central y es, por jurisdicción, la responsable principal de ejecutar las obras del Plan Maestro del Río Salado”.
“Hace diez años deberían haber estado finalizadas las obras, pero hoy el avance apenas supera la mitad”, dijeron y agregaron que se trata de una “obligación directa de la provincia de Buenos Aires de llevar adelante estas obras hidráulicas estructurales, que son esenciales para mitigar inundaciones, acelerar los escurrimientos y reducir el tiempo de anegamiento”.
La entidad calificó como “inaceptable” la desproporción presupuestaria, ya que el presupuesto provincial 2026 propone un aumento del 100% en el impuesto inmobiliario (más de US$70 millones), pero solo destina “poco mas de US$4 millones al Plan Maestro”.
Finalmente, el gobierno nacional fue interpelado porque la cuenca es “estratégica”: “Allí se produce el 25% de los granos del país y se concentra el 28% del stock bovino nacional”. Solo de esta región, el Estado recauda “más de US$1000 millones anuales en retenciones, desde hace más de veinte años”.
A pesar de que existe el Fondo Hídrico de Infraestructura, alimentado por un impuesto específico sobre combustibles (Nafta y Gas) y creado “justamente para financiar obras de control de inundaciones, drenajes y mejoras hidráulicas en todo el país”, el presupuesto nacional 2026 “no asigna ni un peso para las obras del Salado”. Esta es “una omisión incomprensible y de un impacto económico gigantesco”.
En el informe, Carbap exigió a los tres niveles de gobierno que asuman su responsabilidad y establece un “objetivo concreto, urgente e innegociable”. “Para el año 2030, las obras del Plan Maestro del Río Salado deben estar terminadas en su totalidad”.
La entidad aclaró que no se trata de “un eslogan ni de una expresión de deseo sino de una obligación moral, productiva y social”.
Frente al argumento de que “no hay plata”, la respuesta de los ruralistas es “simple y contundente: en esta cuenca sí hay plata: la generan los productores y la recaudan los tres niveles del Estado todos los años”. Carbap concluyó: “2030 no es una meta aspiracional. Es un límite. Es una obligación, las inundaciones no esperan y la producción no espera”.
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