El abogado Carlos Coria García analizó en una entrevista con Actualidad Esquina TV la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil y explicó los principales cambios que establece la normativa, entre ellos la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.
Sin embargo, aclaró que la nueva ley no significa que todos los menores que cometan delitos terminarán privados de su libertad.
Según explicó el profesional, se trata de un sistema especializado y diferente al régimen penal aplicable a los adultos, con una fuerte orientación hacia la protección, la reinserción y la aplicación de medidas alternativas antes de llegar al encierro.
“La privación de la libertad del menor en un penal juvenil es la última opción de toda la lista que tiene el juez”, remarcó Coria García.
Un sistema especializado para adolescentes
El abogado recordó que la ley ya había sido aprobada y que las provincias contaron con un plazo para adecuar sus sistemas procesales, judiciales y de infraestructura antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen.
En ese sentido, destacó que la normativa obliga a una especialización de todo el sistema encargado de intervenir en los casos de adolescentes en conflicto con la ley penal.
Esto incluye la participación de jueces, fiscales, defensores y otros profesionales con formación específica en niñez y adolescencia.
Además, explicó que se prevén mecanismos como la mediación penal juvenil, criterios de oportunidad y otras medidas alternativas, que deberán ser consideradas antes de llegar a la privación de la libertad.
“El proceso va a ser tendiente a encauzar nuevamente al joven en la sociedad y no justamente a aislarlo en un penal”, señaló.
La edad baja a 14 años y la pena máxima tendrá un límite
Uno de los cambios centrales del nuevo régimen es la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.
No obstante, Coria García insistió en que la reducción de la edad no debe interpretarse como una aplicación automática de la denominada “mano dura”.
También explicó que la ley establece un límite máximo de 15 años de pena para una persona menor de edad, aun en los delitos más graves.
Para el abogado, quienes esperaban que la nueva normativa significara automáticamente el encarcelamiento de todos los adolescentes que cometan delitos “se van a decepcionar”, ya que la privación de la libertad quedó planteada como una medida extrema dentro de un sistema con distintas alternativas previas.
Psicólogos, educación y un tratamiento diferenciado
Otro de los aspectos destacados durante la entrevista fue la necesidad de contar con lugares especializados para el alojamiento de adolescentes, completamente separados de la población penal adulta.
El sistema prevé además la intervención de equipos interdisciplinarios, con profesionales especializados y la continuidad de la escolarización de los jóvenes.
“La ley exige que siga la educación de los menores, que no se corte”, explicó Coria García, al remarcar que la finalidad del régimen apunta a evitar una mayor exclusión y favorecer la reinserción social.
También señaló que uno de los desafíos será determinar qué organismo y qué personal tendrá a cargo estos espacios, debido a que el tratamiento de adolescentes requiere una formación específica y diferente a la que recibe habitualmente el personal penitenciario destinado a trabajar con adultos.
Corrientes se prepara para la aplicación de la ley
La entrevista surgió luego de conocerse que autoridades judiciales y provinciales realizaron una recorrida e inspección en las instalaciones destinadas al funcionamiento del nuevo sistema en San Cayetano.
Coria García consideró que Corrientes logró avanzar durante el período de adecuación previsto por la ley y señaló que, hasta el momento, la provincia se encuentra en condiciones de comenzar a aplicar el nuevo régimen.
La recorrida contó con la participación de integrantes del Superior Tribunal de Justicia, autoridades del área de Justicia y Derechos Humanos y magistrados vinculados al fuero de Familia, Niñez y Adolescencia.
Según explicó, los jueces de este fuero tendrán un rol central en la aplicación del nuevo sistema.
En ese contexto, mencionó que la provincia de Buenos Aires habría tenido dificultades para implementar la normativa debido a cuestiones relacionadas con las condiciones y características de los lugares destinados al alojamiento de menores, un requisito fundamental dentro del nuevo régimen.
La participación de menores en delitos, bajo la lupa de las estadísticas
Durante la charla también se abordó la participación de adolescentes en hechos delictivos.
Coria García sostuvo que, de acuerdo con las estadísticas analizadas en oportunidades anteriores, la intervención de menores en delitos representa un porcentaje reducido frente al total de los casos.
El abogado consideró que la percepción social sobre esta problemática, en algunos momentos, pudo haber sido influenciada por hechos de gran repercusión pública, aunque remarcó la importancia de observar los datos concretos.
Por ello, propuso analizar las estadísticas que surjan luego de la puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil para conocer cuántos adolescentes ingresan al sistema, cuántos reciben medidas alternativas y en cuántos casos se llega finalmente a la privación de la libertad.
“Dale un año y ahí veremos”, sostuvo, al considerar que será necesario esperar un tiempo para evaluar el funcionamiento real de la nueva normativa en Corrientes.
El debate, de esta manera, recién comienza. Con la ley ya en vigencia, el desafío estará puesto en la aplicación práctica de un régimen que baja la edad de imputabilidad, pero que al mismo tiempo establece un sistema especializado en el que la prisión aparece como la última de las alternativas.
-
-
-
-
-
