La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que uno de los condenados por lavado de dinero en la causa de la Ruta del dinero K pague una multa de más de 100 millones de dólares. Se trata del apoderado de Lázaro Báez, Claudio Fernando Bustos, en Austral Construcciones. El contador fue condenado a tres años de prisión en suspenso.
Ahora la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal le confirmó a Bustos el pago de una multa por 109 millones de dólares como parte de la condena por lavado de dinero en la causa.
Los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos fijaron el monto de la multa en 109.745.733,38 dólares, convertibles a pesos argentinos conforme la cotización oficial del dólar vendedor del BCRA al momento del efectivo pago, e intimaron al condenado a abonarla.
La defensa cuestionó esa decisión al sostener que la multa no debía expresarse en dólares estadounidenses y que, en todo caso, la conversión debía realizarse según la cotización vigente al momento de los hechos investigados.
Al analizar el planteo, los camaristas consideraron que tanto el monto de la operación como la determinación de la multa habían sido establecidos en la sentencia condenatoria firme, por lo que los agravios intentaban reabrir cuestiones ya resueltas con autoridad de cosa juzgada.
En su voto, el juez Hornos destacó que la actualización conforme la cotización vigente al momento del pago resulta compatible con la necesidad de evitar la depreciación de la sanción pecuniaria. De este modo, la Cámara resolvió rechazar el recurso de casación deducido por la defensa de Bustos.
Asimismo, la Cámara Federal de Casación Penal abrió la posibilidad de que otro de los empresarios sentenciados por lavado de dinero en esta causa pague en cuotas la multa que le fue impuesta como parte de la condena.
Se trata de Juan Carlos Molinari, quien saltó a la fama por sus autos de alta gama y porque le pagó la boda a otro de los condenados en la causa: Leonardo Fariña, el arrepentido que contó toda la maniobra y que se casó con Karina Jelinek.
La fastuosa boda tuvo lugar en el Tattersall de Palermo y él contó que le costó unos 480.000 dólares. Dijo que lo hizo no como un evento familiar, sino como una manera de promocionar la agencia de alquiler de autos de alta gama, Audis y Ferraris, que ambos montaron.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió por mayoría hacer lugar parcialmente al planteo formulado por la defensa de Molinari y analizar si corresponde que la pague en 48 cuotas como lo solicitó. El Tribunal Oral Federal 4 ya le había rechazado esa posibilidad. Se tratan de unos 2.237.959 dólares.
El juez Carbajo admitió esta posibilidad al sostener que los jueces del tribunal oral no justificaron el rechazo del plan de cuotas. Señaló, además, que esa resolución “no ha explicitado el modo en que aquella disposición veda el tratamiento de la petición de la defensa en punto a que se considere la situación personal y patrimonial de su asistido con el propósito de establecer un marco de cumplimiento voluntario de la sanción”, que evitaría un complejo proceso de decomiso, que “suele resultar de prolongada duración y eficacia relativa”.
Coincidió Borinsky al señalar que el fallo que rechazó el pago en cuotas “omitió analizar, con debida amplitud, el ofrecimiento formulado por la defensa para cumplimentar el pago de la pena de multa en cuestión bajo una de las posibilidades legales previstas por el ordenamiento vigente, sin haber brindado una debida fundamentación para sustentar su decisión”. Y mandó la mayoría a que el Tribunal Oral Federal cuatro le de un plan de pagos a Molinari.
Sin embargo, el juez Hornos votó en disidencia y sostuvo que el recurso debía ser rechazado. Remarcó que la condena dictada contra Molinari se encuentra firme desde abril de 2021 y recordó que ya fueron acreditadas judicialmente las maniobras por las cuales resultó condenado. En ese sentido, destacó que la multa impuesta constituye un “título ejecutivo” que debe hacerse efectivo sobre los bienes del condenado.
El magistrado cuestionó además la propuesta presentada por la defensa, que pretendía el levantamiento de medidas cautelares para reactivar emprendimientos comerciales e inmobiliarios, al considerar que ello resulta incompatible con la efectiva ejecución de la pena pecuniaria. Molinari fue sentenciado a la pena de 3 años y seis meses de prisión.
La Corte Suprema de Justicia dispuso hace un año, el 29 de mayo de 2025, dejar firme la condena contra todos los sentenciados en el juicio. Así, Lázaro Báez se encuentra cumpliendo una pena unificada de 14 años, que incluye la condena a 10 años por esta causa; junto a sus hijos varones, empresarios y allegados. Fueron condenados por haber armado una estructura jurídica, bancaria y financiera para blanquear más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013 que provenían de la evasión mediante facturas truchas.
El caso se hizo popular por las imágenes de La Rosadita, la casa de cambios de Puerto Madero usada para sacar dinero del país de manera ilegal. El fallo fue firmado por los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Mariano Lozano -juez de la Cámara Federal de General Roca- y Luis Ramón González -juez de la Cámara Federal de Corrientes-.
El fallo dispone la condena a diez años para Báez, seis años y seis meses para Martín Antonio Báez, seis años para Jorge Oscar Chueco y Rodolfo Daniel Pérez Gadín, cinco años para Julio Enrique Mendoza, tres años y seis meses para Jorge Leonardo Fariña, cuatro años y seis meses para Juan Alberto De Rasis, César Gustavo Fernández, Fabián Virgilio Rossi, Eduardo Guillermo Castro.
También dispone la pena de tres años de ejecución en suspenso para Federico Elaskar, Claudio Fernando Bustos, Alejandro Ons Costa, Martín Andrés Eraso y Leandro Antonio Báez, y dos años y seis meses para Walter Feliciano Zanzot.
También se ratificaron las condenas de Carlos Juan Molinari a tres años y seis meses, y de Daniel Alejandro Bryn a dos años de prisión. Asimismo, se confirmaron multas que oscilan entre seis y dos veces el monto de las operaciones (de 109.600.000 de dólares a 328.800.000 de dólares) y el decomiso de activos por valor equivalente a 65 millones de dólares.
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