El Dr. Carlos Coria explicó cómo Corrientes podría comenzar a investigar el narcomenudeo a nivel provincial y detalló qué implica legalmente el delito de extorsión, que hoy vuelve a estar en agenda.
En una entrevista brindada esta semana, el Dr. Carlos Coria, abogado penalista, explicó el avance del proyecto legislativo que permitiría a la provincia de Corrientes adherirse al artículo 34 de la Ley Nacional 23.737 sobre estupefacientes. De concretarse, los delitos vinculados al narcomenudeo dejarían de ser competencia exclusiva del fuero federal y pasarían a ser perseguidos por la justicia ordinaria provincial.
«El narcotráfico a gran escala seguirá siendo un delito federal», aclaró Coria. «Pero el narcomenudeo, que es el comercio de estupefacientes fraccionados en pequeñas dosis, podrá ser abordado localmente, por fiscales y fuerzas de seguridad de Corrientes».
Esta adhesión, ya implementada en varias provincias como Santa Fe, busca agilizar la prevención y persecución penal de este tipo de delitos, al acercar la problemática a los actores locales y descongestionar el sistema judicial federal.
«Si Corrientes se adhiere, la Policía provincial podrá intervenir directamente, al igual que el Ministerio Público Fiscal local», detalló el abogado. «Es una herramienta que ha mostrado resultados positivos en otros distritos».
Extorsión: Un delito complejo que va más allá de la amenaza
Durante la entrevista, el Dr. Coria también se refirió al delito de extorsión, en el marco de un caso reciente en la localidad de Esquina.
“La extorsión implica que alguien exige algo —por ejemplo, dinero— bajo la amenaza de hacer o no hacer algo perjudicial para la víctima”, explicó. “No es necesario que el daño sea real, ni que se concrete el pago para que exista el delito”.
Consultado sobre el caso local, Coria indicó que existiría un importante cúmulo de pruebas: grabaciones, documentos firmados, traslado del extorsionado a la fiscalía, e incluso un supuesto contrato de confidencialidad que habría sido presentado con un sello oficial, lo cual podría configurar otro delito: falsificación de documento público.
“No existe la figura penal de ‘uso indebido de sello’, pero si se falsifica un documento con apariencia oficial, estamos ante una infracción penal grave”, afirmó. “Ese tipo de maniobras se utilizan para dar veracidad a la extorsión”.
Por último, el abogado destacó la importancia de denunciar estos hechos, incluso si el pago no se llegó a realizar. “El delito se consuma con el intento de coacción. La víctima no necesita pagar para que la Justicia actúe”, concluyó.
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