Tras la condena a tres años de prisión efectiva contra la abogada Marina Soledad Arce por estafas, falsificación de instrumentos públicos y retención indebida, uno de los abogados querellantes, Cristian Esquenón, expresó su satisfacción por el fallo, aunque admitió que la pena impuesta por la Justicia quedó lejos de lo que esperaban las víctimas y la acusación.
En una entrevista exclusiva con Actualidad Esquina TV, Esquenón señaló que tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal habían solicitado una condena de seis años de prisión efectiva, mientras que el juez Julio Ángel Duarte resolvió aplicar el mínimo previsto para los delitos juzgados.
“Quedamos sorprendidos. La cantidad de hechos, la reiterancia delictiva y la forma en que se cometieron las maniobras justificaban una pena mayor”, afirmó.
El abogado recordó que durante el juicio se acreditaron numerosas irregularidades, entre ellas falsificaciones de documentación pública, títulos de propiedad, inscripciones registrales e incluso resoluciones judiciales.
“Existió un abuso de confianza muy grande. Las personas llegaban buscando una solución legal y terminaban siendo víctimas de una maniobra para obtener dinero a cambio de trámites que no tenían validez”, sostuvo.
A pesar de considerar insuficiente la condena, Esquenón destacó que la sentencia representa un hecho histórico para el ámbito judicial local.
“Este es el primer caso en el que un abogado de nuestro foro es condenado por este tipo de conductas. No es algo normal ni habitual. Por eso era importante que hubiera una respuesta de la Justicia”, expresó.
Durante la entrevista, el querellante insistió en que el mensaje que debe quedar para la sociedad es que los delitos cometidos desde una profesión no pueden quedar impunes.
“No podemos permitir que las estafas parezcan algo sin consecuencias. Los profesionales tenemos una responsabilidad mayor porque trabajamos con la confianza de las personas”, remarcó.
También confirmó que una vez conocidos los fundamentos del fallo, previstos para la próxima semana, analizarán la posibilidad de presentar un recurso de casación para que otro tribunal revise la pena impuesta.
“Yo entendía que seis años era una condena justa. No me corresponde condenar, mi trabajo es representar a las víctimas, aportar pruebas y buscar que se haga justicia”, explicó.
Esquenón además reveló que existen otras denuncias y expedientes en trámite contra la condenada que continúan siendo investigados por la Justicia.
“Hay procesos pendientes. Si en el futuro se dictan nuevas condenas, esas penas pueden acumularse. Este caso no necesariamente es el final de la historia judicial”, indicó.
Finalmente, dejó una reflexión sobre el impacto que el caso tuvo en las víctimas.
“Mucha gente me escribió diciendo que tres años les parecía poco. Puede ser. Pero también sienten que por primera vez alguien respondió ante la Justicia. Y eso, para quienes fueron perjudicados, tiene un valor enorme”, concluyó.
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