El oficialismo todavía no fijó fecha siquiera para iniciar el tratamiento del proyecto luego de que se suspendiera, de manera imprevista, el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General el martes pasado. “Paciencia”, esgrimen, todavía confiados, desde el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, promotor del tratado y de su rápida entrada en vigor.
Los laboratorios nacionales nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) advierten que, así planteado, el nuevo régimen de propiedad intelectual que incorpora el tratado podría dar lugar a abusos por parte de los laboratorios extranjeros que afectarían la competencia y el costo de los medicamentos. Reclaman que, de aprobarse en Diputados, la adhesión al PCT debería realizarse haciendo uso de la reserva, en particular sobre el capítulo II del tratado.
Si la Cancillería acepta el pedido de los laboratorios nacionales, la sanción de la ley de PCT se demoraría sin plazos definidos, pues la iniciativa, modificada, volvería al Senado, que le dio media sanción en 1998.
El PCT es un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que le facilita a empresas e inventores el procedimiento de solicitud de protección de sus invenciones en varios países, al hacerlo más eficaz y menos costoso. El PCT, al cual están adheridos 158 países, no concede “patentes internacionales”; esa es responsabilidad exclusiva de las oficinas de patentes locales adheridas al tratado; si la Argentina finalmente lo aprueba, la tarea recaerá en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inpi).
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