El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Corrientes emitió un comunicado alertando sobre la circulación, en las últimas semanas, de mensajes anónimos que anuncian supuestos ataques en establecimientos educativos.
Desde el organismo judicial remarcaron que lo que muchas veces se cree un reto viral, una broma o una “travesura” para suspender clases, constituye un delito contemplado por el Código Penal Argentino.
Según explicaron, escribir amenazas en bancos escolares, dejar carteles en baños o publicar mensajes intimidantes en redes sociales genera consecuencias reales para toda la comunidad educativa.
Entre los principales efectos, señalaron que estas acciones provocan pánico y afectan la salud emocional de estudiantes, docentes y familias. Además, obligan a movilizar protocolos de emergencia y fuerzas policiales que deberían estar destinadas a atender situaciones reales.
El Ministerio Público Fiscal recordó que la Justicia investiga el origen de cada amenaza y que incluso los mensajes anónimos dejan rastros digitales y físicos que permiten identificar a sus autores.
Consecuencias legales
El comunicado detalla que este tipo de hechos no son bromas sino delitos penales:
- Amenazas anónimas: pueden tener penas de hasta 3 años de prisión, según el artículo 149 bis del Código Penal Argentino.
- Intimidación pública: contempla penas de hasta 6 años de prisión para quienes generen temor público o desórdenes mediante amenazas de delitos de peligro común (artículo 211).
- Uso o mención de elementos peligrosos: cuando se involucran explosivos o sustancias químicas, las penas pueden alcanzar hasta 10 años de prisión.
Asimismo, advirtieron que, además de la responsabilidad penal del autor, los padres o tutores pueden enfrentar demandas civiles millonarias por los daños ocasionados y los costos de los operativos de seguridad desplegados.
Qué hacer ante estos casos
Las autoridades recomendaron a la comunidad educativa:
- No viralizar mensajes intimidatorios.
- Informar inmediatamente a directivos o autoridades escolares.
- Aportar información si se conoce al responsable, ya que el silencio también pone en riesgo a la comunidad.
“El mensaje es claro: no es una broma. Un solo mensaje puede cambiar el futuro legal de una persona y de su familia”, señalaron desde el organismo.
Finalmente, recordaron que quienes estén atravesando momentos difíciles o tengan pensamientos de hacerse daño o lastimar a otros pueden pedir ayuda profesional. Se encuentra disponible la línea del Centro de Asistencia al Suicida: 0800-345-1435, de atención gratuita y confidencial.
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