El fiscal Gerardo Pollicita profundizó la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con una serie de medidas que alcanzan a la familia del funcionario, sus antecedentes laborales y al universo de las plataformas de criptomonedas.
Apuntan también a verificar las primeras explicaciones públicas que ofreció el jefe de Gabinete sobre su drástico crecimiento patrimonial, durante la entrevista con el periodista José Del Rio, en LN+, justo antes de presentar su largamente anunciada declaración jurada.
Entre las medidas, Pollicita solicitó al canal el envío de una copia sin editar de aquella entrevista, en la que Adorni explicó que la principal modificación que introdujo en su declaración jurada fue la incorporación de más de US$500.000 que había atesorado en criptomonedas. Esa nota salió en vivo, el miércoles pasado, sin edición de ningún tipo.
Dijo que US$200.000 fue el capital que invirtió en Bitcoin y otros US$300.000 las ganancias que obtuvo. Ese ingreso quedó reflejado en una rectificación realizada sobre su declaración jurada de 2023, en la que incorporó una “venta de activos” por un total de US$565.000, una cifra que le permitió al funcionario restituir el balance entre sus ingresos y egresos.
En la entrevista, Adorni sostuvo que obtuvo ganancias por US$300.000 luego de operar con Bitcoin a partir de los años 2013 y 2014. Por eso, el fiscal le pidió a la Comisión Nacional de Valores que informe qué plataformas, exchanges, billeteras, custodios, intermediarios y proveedores de servicios de activos virtuales operaron en el país desde 2012.
En esa línea, el viernes, pidió a un órgano especializado la realización de un cuadro técnico con la evolución histórica del precio del Bitcoin en dólares desde 2013 hasta la actualidad.
Las medidas que ordenó el fiscal Pollicita alcanzan también a dos countries. A la administración del Golf Club Indio Cua −donde Adorni alquiló una casa y luego compró otra− le solicitó los registros de ingreso y egreso entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.
A la administración del barrio privado Fincas de Iraola 2, en La Plata, le pidió que informe si Silvia Pais, madre de Adorni, reside actualmente allí.
La medida se dispuso a partir de una noticia que la situaba viviendo dentro de ese barrio. El fiscal quiere saber si esto es así y bajo qué términos se concretó la supuesta mudanza: pidió datos sobre montos pactados, modalidad de pago y eventuales pagos por adelantado.
El fiscal también solicitó información al juzgado de Daniel Rafecas, donde tramita la causa en la que está investigado Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, también por presunto enriquecimiento ilícito. Pollicita busca determinar si existe algún tipo de vinculación entre ambos casos.
Al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en tanto, el fiscal le pidió información sobre eventuales vínculos laborales del funcionario con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, una institución educativa privada sin fines de lucro.
La ANSES, en tanto, deberá aportar al caso la historia laboral completa de Adorni junto con la de su pareja, Bettina Angeletti, desde 2012.
Si bien el funcionario evitó dar explicaciones acerca de los gastos de su tarjeta de crédito -que duplican sus ingresos formales-, en la entrevista con Del Rio Adorni puso de relieve que su mujer había tenido “cargos gerenciales” en el mundo privado.
Además, la fiscalía solicitó información al juzgado civil de La Plata en el que tramita la sucesión del padre de Adorni, Jorge Adorni, para tener un cuadro de situación respecto a aquel trámite y saber qué bienes fueron denunciados, si había dinero en efectivo, cuentas o alguna moneda extranjera, entre otras variantes. El funcionario afirmó haber encontrado dinero en el departamento de su padre, sobre cuyo departamento pesaban tres embargos.
El fiscal ordenó también a la División Antifraude de la Policía Federal un relevamiento amplio de “fuentes abiertas” para reunir toda la información disponible en redes sociales, medios, entrevistas o videos, en los que Adorni haga algún tipo de alusión a las criptmonedas o se refiera a alguna billetera virtual.
Es que, luego de la entrevista, comenzaron a circular videos viejos de Adorni que tensionaron su explicación sobre una presunta ganancia de 300 mil dólares en activos digitales. En uno de ellos, afirmaba no estar del todo familiarizado con las criptmonedas y en otro, posterior a su supuesta ganancia, desaconsejaba el bitcoin como inversión.
Otra de las medidas se deriva de la línea que abrió en la investigación Matías Tabar, el contratista que dijo haber cobrado en negro 245 mil dólares por refacciones hechas en la casa de Indio Cua. Del análisis forense de su celular –todavía en curso- surgió una factura de más de 8 millones de pesos a nombre de Gisela Kocsis en una tienda de que vende artículos como sábanas, toallas, fundas, acolchados, cubrecamas, etc.
El fiscal pidió al local, llamado Rosen The Store, que envíe toda la información registrada sobre la operación, el pago, la entrega y el destino de los productos.
Las declaraciones juradas del funcionario, en tanto, ya forman parte del expediente judicial y serán incorporadas en la cuenta final en la que trabaja el personal de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Con ese trabajo concluido, el fiscal podría convocar a Adorni para pedirle explicaciones.
-
-
-
-
-
