Presos, muertos y diagnósticos falsos
El Gobierno nacional avanza con la revisión de más de 1,8 millones de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Detectaron más de 220 mil casos irregulares que podrían dar de baja, incluyendo personas fallecidas que seguían cobrando, certificados falsificados y beneficiarios que no se presentaron a las citaciones. Estiman un ahorro de $900 mil millones al año.
Una auditoría del Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reveló irregularidades impactantes en el sistema de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL), que actualmente alcanza a más de 1.800.000 beneficiarios. Según las autoridades, se investigan más de 224.000 pensiones que podrían ser dadas de baja próximamente.
Entre los casos más insólitos detectados durante la revisión se encontraron:
- Personas fallecidas cuyos allegados continuaban cobrando la pensión mensual de $270.000.
- Un mismo estudio médico (una radiografía) usado en 150 trámites distintos.
- Certificados con diagnósticos como “pie plano” o falsas amputaciones.
- Presos y prófugos que accedieron al beneficio, incluso 212 reclusos y 331 personas con causas judiciales pendientes.
- Una mujer que se disfrazó de su esposo para pasar la evaluación médica.
El operativo de control, que comenzó en febrero de 2025, ya envió 470.000 intimaciones, de las cuales 221.189 no fueron entregadas por errores de domicilio, mudanzas no declaradas, rechazos a recibir la notificación o directamente fallecimientos.
Según informó Infobae, en paralelo, ya se concretaron más de 83.000 entrevistas médicas y hay otras 128.000 programadas, en un proceso que busca garantizar que el beneficio llegue realmente a personas con una discapacidad laboral del 76% o más, como exige el nuevo Decreto 842/2024.
El gobierno de Javier Milei asegura que este reordenamiento podría generar un ahorro anual de $900.000 millones. Según Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, entre 2003 y 2023, el número de pensiones creció de 80.000 a 1.250.000, cifra que calificó como “inédita, incluso en países en guerra”.
Controversia y reclamos judiciales
La auditoría generó rechazo en organizaciones como la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA), que presentó un amparo judicial pidiendo la suspensión de las evaluaciones presenciales. Denuncian que en algunas provincias hubo condiciones indignas para los convocados: largas filas al sol, falta de agua, traslados forzados de cientos de kilómetros y colapso de servicios médicos.
El recurso solicita que se suspendan los operativos hasta que se garantice un protocolo respetuoso de los derechos humanos, con evaluaciones domiciliarias o virtuales como alternativa.
Cambios normativos
El nuevo Decreto 842/2024 establece:
- Evaluaciones médicas más rigurosas.
- Revalidación obligatoria con declaración jurada.
- Incompatibilidad con otros ingresos o beneficios previsionales.
- Cruzamiento de datos en tiempo real con AFIP, ANSES, PAMI y la Justicia.
- Facultades a ANDIS para suspender beneficios ante “sospechas fundadas”.
Según el gobierno, cerca del 80% de los beneficiarios relevados hasta el momento no cumplirían con los requisitos vigentes. Las medidas, aseguran, apuntan a erradicar el uso político de estos subsidios detectado durante las gestiones anteriores.
Radiografía de un perro hasta amputaciones inventadas
Una radiografía de un perro, amputaciones inventadas, prófugos y hasta una viuda disfrazada de su esposo muerto: las auditorías sobre pensiones por discapacidad destapan un entramado de fraude estructural que involucra a beneficiarios, médicos, funcionarios y punteros políticos.
Una mujer se presentó ante una junta médica disfrazada de su marido fallecido para seguir cobrando la pensión por discapacidad que él percibía. No es el guion de una película absurda, sino uno de los más de 80.000 casos auditados en la investigación que el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) iniciaron en 2024, y que hoy arroja resultados tan insólitos como alarmantes.
En lo que el Gobierno califica como «una estructura de fraude enquistada durante dos décadas», ya se detectaron más de 220 mil beneficios que podrían darse de baja de manera inminente. El motivo: irregularidades de todo tipo, desde fallecidos que seguían cobrando hasta certificados médicos truchos, como el de una mujer que justificó su pensión con una radiografía… de un perro.
En la provincia de Buenos Aires, se presentaron beneficiarios con tobillera electrónica, prófugos de la justicia e incluso internos penitenciarios. Algunos recibieron pensiones exprés en tan solo 13 días. En Chaco, se comprobó que más del 66% de los casos eran irregulares: una mujer alegaba tener el brazo amputado, pero se presentó sana; otra recibió una pensión por un cáncer de mama inexistente. Hubo una niña beneficiada por tener pie plano.
En Formosa, el 7% de la población cobra pensiones no contributivas, triplicando el promedio nacional. En algunas localidades como Misión Laishi, casi 1 de cada 5 habitantes recibe el subsidio.
El informe preliminar del Gobierno detalla también la connivencia entre profesionales de la salud, funcionarios municipales y organizaciones sociales para facilitar estos beneficios. En una causa judicial, se descubrió que un mismo médico presentó la misma radiografía de hombro en 150 expedientes distintos.
De las 470.000 cartas documento enviadas, más de 220.000 no pudieron entregarse, y casi mil fueron dirigidas a personas fallecidas. El operativo continúa, con miles de entrevistas médicas programadas y nuevas denuncias en curso.
El objetivo, aseguran desde la Casa Rosada, es claro: sanear un sistema que desvió millones y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan.
Infobae
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